Schmelkes y la solución razonable
Por Wenceslao Vargas Márquez*
Antes, durante y después de las vacaciones escolares ha estado vigente el tema de la reforma educativa y su arista más espinosa que es la evaluación docente. Algunos agentes sociales y políticos empiezan a entender que la reforma educativa sería más transitable si la evaluación docente tuviese otras características.
El 11 de julio el titular de la SEP se dio el plazo de 45 días para hacer un replanteamiento íntegro del proceso dentro del marco de la legislación vigente, cuando es justamente la legislación vigente (el cese y la expulsión del aula) la causa del problema de instrumentación que tiene la reforma. Con el mes de agosto acaba el plazo ofrecido.
El SNTE, en desplegado del 7 de julio planteó al gobierno en el punto 3 (de 10) quitar a la evaluación (docente) “toda visión o acción sancionadora o punitiva”. El párrafo dice: “Tercero. Exigir a la SEP, al INEE y a las autoridades educativas estatales, que reconozcan que la formación inicial, continua y la profesionalización docente, representan el eje de la Ley General del Servicio Profesional Docente. En ese sentido, exigimos eliminar del proceso de evaluación toda visión o acción sancionadora o punitiva”. Las negritas corresponden al original.
En el quinto punto del documento se plantearon características detalladas que el sindicato magisterial mayoritario desea, en la petición de que se elaboren “nuevos instrumentos de evaluación”. Dice el párrafo después de reclamar también la regionalización de los contextos: “Incorporar al proceso de evaluación del desempeño: la autoevaluación, la evaluación entre pares, la evaluación de directores y de colectivos docentes, como formas de participación directa de los trabajadores en el proceso, con la finalidad de lograr una evaluación más realista”. Se pidió enseguida que la evaluación docente se haga dentro de la jornada laboral (negritas en el original). El 20 de agosto la prensa recupera la afirmación del líder nacional del SNTE que las propuestas del sindicato, para resarcir las inconsistencias del proceso de evaluación, “avanzan por buen camino”, y el plazo se vence con el mes de agosto.
¿Y qué dice la autoridad mientras tanto? A mediados de julio, el día 11, la doctora Schmelkes, del INEE, reconoció que un punto a analizar de la reforma en la educación es la posibilidad de ser flexible en la evaluación para los profesores. El día 16 iba más allá: “A pesar de reconocer que la reforma educativa tal como está aprobada pudiera no ser la que requieren el país y el magisterio para alcanzar una educación de calidad, Sylvia Schmelkes del Valle, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sustenta su rechazo a una modificación legislativa de fondo, porque llevaría mucho tiempo y podría generar cosas que ni siquiera están previstas. En entrevista con La Jornada, anunció que entre las medidas que podrían aplicarse a la próxima etapa de la evaluación del desempeño –contemplada para noviembre– está cambiar su naturaleza para hacerla voluntaria”.
Dos cosas a rescatar: la negativa de Schmelkes a una “modificación legislativa de fondo” y el que la evaluación docente sería ‘voluntaria’ en noviembre. Consideramos desde este espacio que las dos afirmaciones son perfectamente compatibles y sigo aquí las palabras de Gilberto Guevara Niebla en su columna semanal del primer día de agosto (La CNTE: maximalismo o negociación): “La formulación maximalista es un juego de todo o nada. Esta rigidez es el verdadero punto débil de la coordinadora”. Y concluye su idea con una afirmación que respalda lo que estamos escribiendo aquí. “Para todos es evidente que una solución parcial es razonable”. Excelente el que Guevara Niebla diga que hay puntos medios viables, razonables, de coincidencia, entre los inconformes y el gobierno.
Para responder esto debemos partir de una premisa: el conflicto magisterial va para largo. No vemos desde aquí una solución en el corto plazo mientras el gobierno federal y muchos estatales son los más desgastados con los renacidos problemas de corrupción e impunidad (que hasta el PRI se escandalizó, que ya es bastante, y plantea expulsiones). Se desinfla la autoridad moral, no hay dinero para tutores, no hay para infraestructura ni para una evaluación docente decorosa (dijo la doctora Schmelkes: “metimos números y logística y no alcanza”). Y la premisa más grave que ya comprendieron desde Guevara Niebla (INEE) hasta Armando Ríos Píter (PRD): el problema radica en la evaluación del personal antiguo para efecto de permanencia. Es el principal problema. Dijo Guevara Niebla en la casa Museo Trotsky: “El Consejero del INEE aclaró que la evaluación que está en el centro de la polémica sobre la Reforma Educativa es la ‘evaluación de desempeño’, no la de ingreso ni la de promoción”. Exacto. Por fin alguien pone el punto sobre las haches.
Ensayemos entonces los puntos medios de esa solución razonable. ¿Cuáles podrían ser? Puede modificarse el artículo octavo transitorio de la ley docente (y no puede decir la doctora Schmelkes que esa es una modificación legislativa de fondo), es un transitorio de la ley secundaria, de manera que la reforma constitucional y las reglamentarias quedan intactas. Se intercalan trece palabras en el transitorio octavo para que la evaluación sea optativa y las consecuencias actuales del transitorio (la expulsión del docente de su aula) sea aplicable sólo a quienes opten por las evaluaciones.
Pero supongamos (y es la realidad) que no hay voluntad política de hacer esta modificación legislativa menor de parte de nadie, ni siquiera de parte de ‘la esperanza de México’. Aun estando así las cosas la evaluación docente para permanencia del personal antiguo (‘centro de la polémica’ y carente del suficiente presupuesto) puede ejecutarse por la vía de los hechos como voluntaria sin esa modificación legislativa menor que ya hemos ensayado desde este espacio. Lo que podrían hacer las autoridades es precisamente convocar a voluntarios dentro de cada nivel y subsistema. Técnicamente los no voluntarios estarían a la espera de una evaluación que no llegaría y ya sabemos que en 2015 fue evaluado sólo el 15% del personal nacional, falta el 85%. Imposible. El gobierno salva así el principio de autoridad (que también le preocupa a López Obrador).
Se aplicaría el escaso presupuesto existente en aplicar la evaluación docente a estos voluntarios antiguos, más sus repeticiones al año de los que no acrediten, más sus repeticiones al cuarto año a los que sí acrediten, más las evaluaciones cada año y cada cuatro a los de nuevo ingreso, más los directivos, y a todos ellos, en todas las etapas, verdaderas evaluaciones incorporando el desaparecido Informe de Responsabilidades Profesionales (que firma el director validando el desempeño diario del docente) más la observación en el aula, más la coevaluación. Sería el ensayo íntegro de una solución razonable. ¿Por qué no hacer así la evaluación docente cuando las propias autoridades dicen que la reforma educativa es un proyecto de muy largo plazo? ¿Por qué no hacerlo así cuando el 2018 ya asoma su nariz y su estridencia?
Además, el ruido político estará muy alto en 207 y 2018 y los docentes no tendremos el silencio necesario para ponernos a estudiar.