Una persona solicitó el número de averiguaciones contra elementos de la Sedena por su presunta implicación en delitos de maltrato a prisioneros, detenidos o presos y heridos; pillaje, devastación, merodeo, apropiación de botín, contrabando, saqueo y violencia contra las personas.

También pidió información sobre el número de carpetas de investigación judicializadas y el número de sentencias condenatorias.

Sin embargo, la Sedena respondió que no encontró documentos sobre lo requerido, por lo que el particular interpuso un recurso de revisión ante el Inai.

El caso fue atraído bajo la ponencia del comisionado Adrián Alcalá Méndez, cuyo análisis concluyó en que la dependencia omitió hacer una búsqueda amplia y exhaustiva.

El Pleno del Inai revocó la respuesta de la Sedena y le ordenó hacer una búsqueda exhaustiva y con criterio amplio, en unidades administrativas competentes como el Tribunal Superior Militar, la Fiscalía General de Justicia Militar, la Defensoría de Oficio Militar, la Contraloría General, la Dirección General de Derechos Humanos y la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Se puntualizó que esta nueva búsqueda no podrá limitarse a la denominación de carpetas de investigación, sino a cualquier documento que dé cuenta de las investigaciones realizadas por el sujeto obligado, con independencia de la forma en que se nombre a dichos documentos, pues no es procedente exigir a la persona solicitante que conozca la denominación precisa de la información que resulta de su interés.

El comisionado Adrián Alcalá expuso que al 9 de noviembre de 2021 la Sedena tenía conocimiento de 308 militares acusados de diversos delitos y perpetrar violaciones a derechos humanos.

Del total, solo cinco fueron sentenciados mientras que 10 fueron procesados, y para los demás se archivó el caso.

Además, entre 2006 y 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 174 recomendaciones que involucran a la Sedena en actos de tortura, desapariciones forzadas, violaciones y ejecuciones, entre otros delitos.

Alcalá Méndez recordó también que Human Rights Watch documentó que los militares mexicanos que cometen delitos y violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, en gran parte debido a que la mayoría de los casos no son investigados y juzgados mediante un sistema de justicia militar que, según dicha organización, carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad.

Diversos informes de organización de la sociedad civil, han apuntado que el sistema de justicia militar mexicano está muy lejos de cumplir con la obligación principal de impartir justicia en casos de abusos de militares contra personal de la sociedad civil, circunstancia que también se agrava un poco más ante la falta de transparencia de este sistema en particular, es decir, el sistema de justicia militar”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital