¿Quién teme a las coaliciones?

¿Quién teme a las coaliciones?
Por María Ramos.

En España no estamos acostumbrados a la idea de un gobierno de coalición a nivel estatal. Los datos sugieren que los pactos de ese tipo podrían mejorar nuestra democracia.

La palabra “recortes” tiene connotaciones negativas. “Reformas”, “ajustes” o “racionalización del gasto” resultan sinónimos bastante más neutrales. Con “fragmentación política” y “pluralismo político” sucede algo parecido. Ambos conceptos aluden a una misma realidad –la variedad de partidos en un sistema político–, pero tienen connotaciones claramente diferentes. Tras las generales del 20 de diciembre se ha confirmado el cambio en el sistema de partidos que se venía anunciando, llámese pluralismo o se llame fragmentación. El número relativamente alto de partidos con representación parlamentaria –diez si consideramos las candidaturas asociadas a Podemos como una única– sin embargo no es una gran novedad (nunca desde 1977 ha habido menos de diez formaciones con representación en el Congreso). Lo verdaderamente novedoso es el peso relativo de los partidos. Por primera vez en democracia hay cuatro partidos con una proporción no desdeñable de escaños, y también por primera vez los dos partidos con mayor representación concentran apenas un 50% de los votos.
Ante esta nueva situación, muchos analistas y algún partido han pintado un escenario apocalíptico para los próximos meses y han insistido en presentar la actual situación en términos de “fragmentación”, con todas las connotaciones negativas de la palabra. Se alude con frecuencia a la dificultad de Bélgica para formar gobierno, y la fragmentación política tiende a interpretarse como un mal en sí mismo. Hay sin embargo razones para pensar que la formación de un gobierno de coalición a nivel estatal no solo no es imposible, sino que además puede resultar deseable en un país como España. No es imposible porque a priori los incentivos y dilemas a los que se enfrentan los diferentes partidos hacen que lo racional sea llegar a acuerdos.1 Pero además es deseable porque en comparación con los gobiernos en minoría, las coaliciones permiten elaborar políticas que suscitan más acuerdo social, generan mandatos más estables en el tiempo y promueven una mayor rendición de cuentas. A ello se suma que los gobiernos de coalición no resultan ahora opciones disparatadas para los electores. Tampoco en España.
Las coaliciones son deseables
Una primera ventaja de los gobiernos de coalición es que las políticas que implementan estos ejecutivos formados por más de un partido suscitan un consenso social más amplio. Las medidas desarrolladas por ejecutivos monocolor, por el contrario, tienden a producir conflicto y polarización porque las reformas generan claros perdedores y ganadores. En realidad esto es algo bastante intuitivo y en España nos resulta muy familiar. La regulación del aborto, la educación o el mercado de trabajo son los casos más paradigmáticos de medidas que se han ido modificando al compás de los vaivenes del partido de gobierno y que han generado división de opiniones. En ocasiones incluso se han enarbolado como armas electorales frente a un gobierno impopular con aquello del “en cuanto gobernemos nosotros derogaremos (de nuevo) la actual ley”. La hipótesis sería que con gobiernos de coalición las políticas aprobadas cuentan con mayor consenso social y resultan más estables y duraderas.

En España aún no tenemos a nivel nacional gobiernos de coalición que permitan comparar políticas aprobadas por gobiernos monocolor y las aprobadas por gobiernos de coalición para avalar esta hipótesis. No disponemos de una situación contrafáctica que nos permita valorar qué habría pasado con la regulación del aborto, las leyes educativas o las laborales si en vez de gobiernos monocolor del psoe o del pp hubiera habido gobiernos de coalición. Sí disponemos sin embargo de evidencia internacional a lo largo del tiempo que permite realizar un análisis comparativo. Por ejemplo, con información de un conjunto de países entre los años sesenta y noventa se ha observado que existe mayor redistribución cuando el gobierno es de coalición, y que este hecho está muy mediado por los efectos del propio sistema electoral (mayoritario o proporcional).2
En el caso de las políticas laborales se ha analizado también cómo los gobiernos de coalición desarrollan políticas que concitan más acuerdos sociales porque incorporan elementos compensadores. Eso hace que los perdedores de una reforma no pierdan tanto. En este sentido, en un estudio de reciente publicación, Knotz y Lindvall analizan en detalle a lo largo de casi tres décadas y en un conjunto amplio de democracias avanzadas las reformas estructurales del mercado de trabajo que supusieron reducciones en la duración de prestación por desempleo.3 Su principal hallazgo es que, a diferencia de los gobiernos monocolor, los gobiernos de coalición desarrollan “mecanismos de compensación” cuando aprueban este tipo de reformas impopulares para los trabajadores. Esos mecanismos de compensación son por ejemplo políticas activas de formación o el incremento en la generosidad de ciertas prestaciones sociales, que en buena medida mitigan los efectos negativos de los recortes. Estos resultados se mantienen incluso cuando se consideran cuestiones como el diferente peso de los partidos de izquierda en cada país, los niveles de desempleo, de crecimiento económico o de deuda pública. Esta regularidad se produce en coaliciones lideradas tanto por partidos socialdemócratas como por partidos democristianos, y cuando el socio de gobierno es un partido de izquierda o uno liberal. Las reformas que tuvieron lugar en Dinamarca o en Francia en los años noventa con gobiernos de coalición son un claro ejemplo de ello. Las de Reino Unido o España, con gobiernos monocolor, son por el contrario ejemplos de cómo gobiernos de signo ideológico diferente desarrollaron reformas que recortaron derechos laborales sin mecanismos compensatorios que mitigaran las diferencias entre ganadores y perdedores.
Estos datos en favor de los gobiernos de coalición pueden resultar particularmente sugerentes para el caso español, donde serían deseables una ley educativa consensuada y una regulación laboral que satisfaga a empresarios y a trabajadores: políticas, en definitiva, que no generen tanta polarización y que no se cambien legislatura tras legislatura a golpe de Real Decreto. Podría ser ahora el momento para desarrollar medidas de flexibilidad laboral pero combinadas (o “compensadas”, por usar el término de Knotz y Lindvall) con mecanismos de seguridad para los trabajadores. En países de nuestro entorno ya se hace. Y funciona.
Un segundo elemento que hace que las coaliciones sean deseables es su relativa estabilidad. Los gobiernos de coalición –en los que al menos dos partidos comparten carteras en el ejecutivo– son más estables que los gobiernos de minoría –ejecutivos con un único partido que solo recibe el apoyo de otros en la investidura–. Y es comprensible que sea así: resulta más difícil que un partido le retire el apoyo a otro cuando es su socio de gobierno y tiene posiciones de poder en el ejecutivo (gobierno en coalición), mientras que si solo le ha apoyado en la investidura (gobierno en minoría) fácilmente puede buscar desestabilizar al ejecutivo en su propio beneficio. La evidencia apunta en esta dirección: cuando ningún partido cuenta con una mayoría suficiente para formar gobierno en solitario –que es precisamente el escenario actual–, los gobiernos de coalición mayoritaria duran en promedio más que los gobiernos en minoría. Esto se ha observado tanto en un conjunto de países occidentales4 como en los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas españolas.5
Finalmente, una tercera ventaja de las coaliciones frente a los gobiernos en minoría es que introducen mayores elementos de control, que sirven por ejemplo para reducir el riesgo de corrupción y permiten identificarla y castigarla mejor. La razón es que en los gobiernos de coalición la rendición de cuentas entre partidos es constante porque forman parte del mismo ejecutivo personas con filiaciones partidistas distintas que se vigilan entre sí. Pero además es mayor también la capacidad de control por parte de los electores, porque si las carteras ministeriales pertenecen a diferentes partidos existe mayor claridad en la responsabilidad que si el gobierno es de minoría apoyado en la investidura por otro partido, y se puede por tanto identificar mejor cuál es el partido o el político salpicado por la corrupción.6

(Letras libres)