Organizaciones feministas demandan al gobierno estatal garantizar los derechos de las mujeres
- Deben implementar acciones para atender recomendaciones por agravio comparado.
Por Irineo Pérez Melo* Ante la eminente segunda declaratoria de alerta por agravio comparado, integrantes del Frente ciudadano por la Vida y los Derechos Humanos de las Mujeres, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en donde se aglutinan cerca de 50 organizaciones feministas, exigieron a las autoridades gubernamentales de la entidad, garantizar los derechos de las mujeres.
En conferencia de prensa, Jaqueline Estrada Bautista, vocera de estas organizaciones, hizo un llamado al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y al Congreso del Estado, cumplan con su deber como servidores públicos e implementen de manera pronta, efectiva y cabal, las recomendaciones de la primera declaratoria en el país sobre agravio comparado.
Expresó que estas acciones deben considerar tanto el marco normativo, por su carácter discriminatorio, como en las políticas públicas que no garantizan el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo, lo que pone en riesgo la vida de las mujeres.
Destacó que las omisiones en las que ha incurrido la autoridad estatal son vergonzantes, porque impactan en los derechos de las mujeres en todo el país e indicó que entre 2015 y 2016 más de mil niñas veracruzanas fueron madres después de una violación sexual.
“La violencia feminicida en la entidad continua en aumento y la respuesta de las autoridades es la omisión, indiferencia e impunidad. Las muertes maternas que violentan el derecho a la salud y vida de las mujeres es una problemática que se minimiza y que no es atendida, por lo que las feministas a nivel nacional se sumarán a las defensoras veracruzanas en favor de los derechos reproductivos de las mujeres”, añadió.
Expresó que las normas vigentes tienen un carácter discriminatorio, porque se violentan los derechos reproductivos de las mujeres, y que no se les garantiza el acceso a los servicios seguros de interrupción legal del embarazo, lo que pone en riesgo la vida de las muejres.
Por tal motivo, dijo, las autoridades deben de regir el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Secretaria de Gobernación (SEGOB), a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), bajo los principios planteados en el artículo primero Constitucional, el cual establece el principio pro-persona.
En dicha normatividad se establece que: “las normas relativas a los derechos humanos, se interpretarán de conformidad con la Constitución y los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas y a su protección más amplia, aspi como la progresividad en materia de derechos humanos, como una de las obligaciones de protección frente a las actuaciones de la autoridad judicial, legislativa o administrativa”, añadió.
En ese tenor, dijo que las autoridades no pueden regirse por ideologías fundamentalistas, porque no garantizan el estado laico ni por verdades absolutas que niegan las diversas realidades y no garantizan los derechos humanos, mucho menos los derechos de las mujeres.
“Es inviable pretender elaborar leyes y políticas públicas basándose en fundamentalismos religiosos que impiden y niegan las difíciles realidades que ponen en riesgo la integridad de las mujeres”, abundó.
Insistió que la realidad que mostró el informe del grupo de trabajo de la CONAVIM, ha sido ignorada por las autoridades a pesar de que han ganado amparos, mismas que muestran que entre el 2015 y 2016 más de mil niñas fueron madres luego de una violación sexual y que la violencia feminicida continúa incrementando.
Finalmente, exigieron que en Veracruz se les reconozca a las mujeres como personas sujetas de derechos y no como objetos desechables, destinadas como objetos de reproducción, sin importar las afectaciones que conllevan para nuestra vida e integridad. Colaboración*