Organización popular, único modo de detener golpe de estado blando contra AMLO: académicos

Académicos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) concordaron en que la única manera de detener el avance de la estrategia del golpe de Estado blando en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador –liderado por la extrema derecha y organizaciones empresariales– es la organización de los sectores populares.

En la conferencia virtual “Los golpistas y el asalto contra la democracia en México”, Magdalena Galindo Ledesma, investigadora de la Facultad de Economía, aseguró que ya se han puesto en marcha tres de las cinco etapas del golpe de Estado blando.

En México “se ha recurrido a crear pánico con el desabasto de gasolina por el combate al huachicol; a la desinformación sobre la cancelación del Aeropuerto de Texcoco; a las acusaciones por la supuesta cancelación del negocio privado de las instancias infantiles; y a los anuncios de que la revocación de mandato eran una maniobra de Obrador para perpetuarse en el poder, entre otras”.

Lo anterior, son acciones que corresponden a la fase de ablandamiento que “busca crear el descontento en los individuos a fin de propiciar un malestar social a partir de acciones como rumores falsos, intrigas y acusaciones de corrupción”, afirmó la académica.

A su vez, señaló los hechos violentos protagonizados por personas encapuchadas, ocurridos en movilizaciones populares como la marcha feminista y movimientos ecologistas; los cuales se inscriben a las fases de deslegitimación y promoción de movilizaciones, que hablan de sesgar demandas legítimas y amenazar las instituciones, a partir de “la manipulación del colectivo para emprender manifestaciones violentas, [buscando] convertir a los gobiernos progresistas como los únicos culpables”, apuntó Ledesma.

Asimismo, reveló que hay un grupo de gobernadores estatales que busca crear un nuevo pacto fiscal para que sean ellos mismos quienes cobren los impuestos recaudados en las propias regiones, “lo que implicaría que los estados ricos se queden con la mayor parte de estos impuestos que hoy administra el gobierno nacional, condenando a los estados pobres a quedarse en esa situación porque ya no recibirían el reparto que hace el gobierno federal a los estados”.

Ante ello, Alejandro Álvarez Béjar, profesor de la Facultad de Economía, advirtió que este bloque de gobernadores pertenecientes al estado de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Jalisco, “han conseguido el apoyo de los congresos estatales para solicitar aumentos significativos del endeudamiento, contraviniendo explícitamente las líneas maestras planteadas por Obrador ante la crisis. […] Hay que recordar que eso llevó a la deuda de los estados en el gobierno de Peña Nieto”, aseveró.

Además, expresó que “el caso de Guanajuato llama la atención, ya que tras solicitar un préstamo de 5 mil millones de pesos en enero, el gobernador panista [Diego Sinhue Rodríguez Vallejo] pidió otro hace poco por 5 mil 350 millones de pesos para recuperar la economía, contando con que ese se cubrirá con un aumento del 0.7 por ciento al impuesto sobre nómina; sobre eso, todos los gobernadores mencionados plantean redefinir el pacto fiscal”.

En ese sentido, Magdalena Galindo subrayó que todas las acciones dichas han sido proliferadas por medios corruptos y organizaciones empresariales, pertenecientes a la burguesía y a la extrema derecha en México, quienes intentan aprovechar el recrudecimiento de la crisis económica a causa de la pandemia, con el objetivo de oponerse a las políticas públicas y desprestigiar la estrategia gubernamental de López Obrador para enfrentar la emergencia sanitaria.

Y resaltó que aparte de medios de comunicación y periodistas corruptos también hay periodistas “progresistas, de izquierda y de buena fe” que han otorgado tiempo y espacio a movimientos y a críticas de deslegitimación por “incomprensión de lo que está ocurriendo en México”.

Organizaciones empresariales

Alejandro Álvarez Béjar manifestó que “para entender una tendencia al golpismo hoy en día es bueno revisar la relación López Obrador-empresarios”, y observó que esta fue “especialmente conflictiva”, ya que durante su campaña presidencial, “siempre los calificó como la mafia del poder y planteó como cambio central en su entrada al gobierno separar el poder económico del político, por eso apenas llegó a la presidencia formalizó tres compromisos guía para infundir confianza a los empresarios: respetar los equilibrios macroeconómicos, no subir impuestos y adelgazar el Estado como una austeridad republicana”.

Al respecto, explicó que “el grupo muy declaradamente golpista es la operación representada por Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Gustavo de Hoyos de la Confederación Patronal de la República Mexicana; apoyados por Pedro Luis Martín Bringas, alto ejecutivo de Soriana (que por cierto lo acaban de renunciar antier); Vicente Fox; las energéticas españolas, norteamericanas y canadienses; y Felipe Calderón relacionado con Bimbo y Bayer”.

“Dicha coalición conservadora tiene soportes políticos del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, entre las empresas estatales, regionales, nacionales y trasnacionales: agroalimentarias, refresqueras, cerveceras, tabacaleras, licoreras, energéticas, ferrocarrileras y agroquímicas de autopartes”, indicó el también integrante del Comité 68 pro libertades democráticas.

Sin embargo, aseguró que “con la detención de Genaro García Luna, secretario de seguridad con Calderón y acusado de pertenecer al más grande de los grupos de narcotraficantes en México, se viene un contragolpe que ha cimbrado a la coalición conservadora”.

“Esto es un contrapeso fenomenal, es un expediente abierto que va a quemar por varios lados a muchos y que no podemos sino atribuir a gestiones de Andrés Manuel López Obrador, […] sin duda es una respuesta contundente contra los golpistas”, apuntó Béjar.

No obstante, Magdalena Galindo reveló que dentro de las 68 propuestas del CCE, publicadas tras una reunión virtual, se plantea esencialmente lo siguiente: “un diferimiento de impuestos y de las cuotas obrero-patronales, este último refiriéndose a las del IMSS, lo cual es verdaderamente penoso, puesto que precisamente en medio de la pandemia, cuando el seguro social es el organismo más importante para combatirla, piden que no paguen las cuotas al seguro social”.

“Fortalecimiento de los órganos autónomos, que en realidad son órganos con una gran influencia de los sectores empresariales […]. Y lo más grave desde el punto de vista político: el llamado a organizarse para conseguir la caída de López Obrador, aprovechando la votación por la revocación del mandato; lo cual realmente es una llamada al golpe blando”, afirmó.

Ante ello, la investigadora advirtió que “se viene un endurecimiento [de esta campaña], esto se ha ido encaminando cada vez más fuerte. Aunque la renuncia de López Obrador se pidió desde las primeras manifestaciones, era una petición fuera de lo racional, pues no había condiciones para pedir su renuncia, pero organizarse para la revocación de mandato es un paso más firme en ese sentido”.

De tal manera, los académicos coincidieron en que el único modo de impedir que siga avanzando esta estrategia del golpe blando es la organización de los sectores populares, los cuales “deben tener un proceso de cambio frente a la nueva realidad, que con principios democráticos y con demandas perfectamente justas, estén hoy pendientes, pero también con una evaluación de las condiciones generales del país”, concluyeron.

El pasado 5 de mayo, Contralínea publicó la investigación “Oposición fragua golpe de Estado blando contra AMLO: expertos”, en la cual se definieron las cinco etapas fundamentales que conforman la estrategia de golpe de Estado blando diseñadas por el estadunidense Gene Sharp –ablandamiento, deslegitimación, promoción de movilizaciones, desestabilización, y fractura institucional– caracterizadas por “el uso de armas psicológicas, económicas, sociales y políticas”.