Los “negociadores” de la 4T con el narco

El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo dos tipos de reacciones ante los comentarios que el jueves pasado hizo su excolaborador de seguridad, Manuel Espino Barrientos, sobre un presunto “plan de pacificación” para el país que consistía en sentar y dialogar con los principales capos del narcotráfico en México para pactar con ellos un “acuerdo de paz”. Primero, desde su conferencia mañanera del viernes, el mandatario negó la existencia de diálogo o pactos con el crimen organizado; pero luego, apenas unas horas después se fue a Badiraguato y, sin permitir el acceso a la prensa nacional y local que le acompaña, sostuvo reuniones privadas en el municipio cuna del narco sinaloense.
 
“Tanto la llamada delincuencia organizada como de cuello blanco, no hay ningún acuerdo, ningún pacto, está bien pintada la raya, la frontera. Una cosa es la autoridad y otra cosa la delincuencia”, dijo López Obrador horas después de que el excomisionado de Protección Federal en su gobierno, Espino Barrientos, asegurara que él mismo dialogó con al menos dos grupos del narco que le respondieron que sí aceptaban el plan de paz que él mismo le presentó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.
 
Pero las críticas y suspicacias que desató su cuarta visita a la tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, de Rafael Caro Quintero y de Ismael “El Mayo” Zambada, dejaron claro que hay una parte de la opinión pública y de redes sociales que no le cree a López Obrador cuando dice no tener ningún tipo de pacto o acuerdo con el narcotráfico. Primero, porque su política de seguridad, de “Abrazos, no balazos” parece justamente una estrategia que tolera, defiende y no confronta a los grupos armados del narco; y segundo porque el mismo discurso de defensa y “respeto” a los derechos de los criminales, así como sus decisiones como la liberación de Ovidio Guzmán y sus frecuentes visitas a Badiraguato despiertan todo tipo de interpretaciones.
 
En todo caso, Manuel Espino no es el primer integrante de la 4T que intenta “dialogar” con los grupos armados del crimen organizado. Antes de que el comisionado de seguridad federal lanzara su idea de un “plan para la pacificación” y que entrara en contacto con al menos dos cárteles a través de emisarios y enviados, en 2019 el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se reunió con presuntos grupos de autodefensa tanto en Guerrero, como en Michoacán y en Tamaulipas. Entre los grupos con que se entrevistó Peralta estuvo la Columna Armada “Pedro J. Méndez”, en Tamaulipas, cuyo dirigente Octavio Leal Moncada hoy está preso por vínculos con el narcotráfico.
 
 Aquellos contactos del subsecretario de Gobernación con supuestos autodefensas que en realidad eran brazos armados del narcotráfico, generaron una fuerte polémica al confirmar la entonces titular de Segob, Olga Sánchez Cordero, que sí se llevaba a cabo ese diálogo y que los grupos armados con los que se habían reunido aceptaban detener la violencia, deponer las armas y buscar la paz. Fue tal el revuelo por esas declaraciones de doña Olga, que primero la dependencia precisó en su cuenta de Twitter que “no se trata de dialogar con el crimen organizado, sino con auténticos grupos de autodefensa”, y horas más tarde el presidente López Obrador, desde su mañanera desconoció y desautorizó al subsecretario Peralta y sus “diálogos” con grupos armados. “Ya se le pidió (a Peralta) que se apegue a la Constitución”, dijo el mandatario al deslindarse de esas reuniones.
 
Luego, además de la propuesta de Manuel Espino, que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, ya reconoció haber recibido de manos del exfuncionario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hay otro caso de un empresario que hizo de “intermediario” o “negociador” entre el gobierno de López Obrador y organizaciones del narcotráfico. Se trata del empresario tamaulipeco, asesinado en noviembre de 2021 en Monterrey, Nuevo León, Sergio Carmona Angulo.
 
Antes de morir, Sergio Carmona había revelado a personas cercanas suyas que estaba “sosteniendo reuniones con cabezas del narco” para tratar de negociar “acuerdos de paz” entre los distintos cárteles. Fuentes que se lo escucharon decir al propio empresario asesinado, aseguran que Carmona decía ser un “enviado de paz” del gobierno federal y aseguraba haber recibido un encargo directo de un general retirado del Ejército que hoy ocupa una posición de primer nivel en la inteligencia federal.
 
“El general me llamó y me pidió que buscara a los capos grandes. Ya me reuní con uno de ellos y estoy buscando a otro», le dijo Carmona a amigos y colaboradores suyos semanas antes de morir asesinado en una barbería de San Pedro Garza, en una ejecución impecable, de la que no hubo ni videos, ni grabaciones de seguridad y que hasta ahora no tiene avances en su investigación. Una de las personas que habló con él de ese tema le llegó a decir que no se metiera en esas cosas porque peligraba su vida, pero él insistía que todo lo hacía “con el conocimiento de mi general”, de quien decía haber recibido el supuesto nombramiento de “enviado de paz”, del que tenía incluso una especie de credencial.
 
Luego entonces, ¿hay o no hay una intención gubernamental o militar de buscar acuerdos o negociaciones de paz con el crimen organizado? Si nos atenemos al presidente López Obrador y a su discurso, no lo hay; pero si revisamos las acciones, actitudes y mensajes del mismo presidente y de su administración, la cosa ya no es tan clara. En todo caso, habría que pensar que los que se promovieron como “enviados de paz”, tanto Peralta primero como Espino después y hasta el eliminado Carmona, lo hicieron como una “ocurrencia” o motu propio, pero al final, salvo el caso del empresario Sergio Carmona, los otros dos hicieron contactos y dialogaron con grupos criminales ocupando una posición de este gobierno.

Eluniversal