Jueza de Veracruz da prisión preventiva a empresarios que denunciaron a Ana Guevara

Los detenidos deberán seguir su proceso en el Cereso de Poza Rica, mientras que las denuncias de ellos contra la titular de Conade seguirán integrándose, informaron sus abogados.

Los empresarios veracruzanos Jesús Chaín Oceguera y Rafael Sánchez Cano recibieron prisión preventiva oficiosa por la jueza de control Lizbeth Aurelia Jiménez esta tarde en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de esta ciudad.

Todas las denuncias que ellos levantaron contra la titular de la Conade, deberán, por ley, seguir integrándose, confirmó el equipo de Ricardo Lecumberry, abogado defensor de los empresarios.

MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA, 14MAYO2013.- El comisionado Nacional de Seguridad (CNS) Manuel Mondragón y Kal puso en marcha la operación del Centro Federal de Readaptación (Cefereso) #13 de Miahutatlán de Porfirio Díaz, el cual se ubica en la agencia municipal de Mengolí de Morelos. El funcionario federal estuvo acompañado del gobernador, Gabino Cué y del director General de Banobras, Alfredo del Mazo. El centro tuvo un costo de 5 mil millones de pesos y se edificó en dos años, tiene capacidad para 2 mil 500 reos y el primer traslado se realizará el próximo jueves. Cuenta con diversa áreas de atención médica, biblioteca, de cómputo, canchas deportivas. La seguridad será brindada por tres grupos federales, mismos que cuidarán tanto el interior como el exterior. FOTO: ARTURO PÉREZ ALFONSO/CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz presentó una carpeta de investigación con 60 datos de prueba, de los cuales solo uno, según los abogados defensores, podría estudiarse de forma seria.

La única prueba contundente que la FGE presentó para inculpar a los empresarios, que acusan de fraude y extorsión a la titular de la Conade, fue la presencia de Edgar Álvarez en las oficinas de ambos el 25 de marzo.

Ese día, Álvarez recogió un supuesto «moche» exigido por Ana Gabriela Guevara y operado por Armida Ramírez Corral, por haberle otorgado un contrato de 16.9 millones de pesos a la empresa CIMCSA, propiedad de Carlos Solórzano y cuyo apoderado es el abogado Rafael Sánchez Cano.

Después de ese día, Edgar Álvarez no fue visto de nueva cuenta, aunque la FGE tampoco presentó pruebas que comprueben que no esté con vida.

Con la medida cautelar, la jueza explicó que los empresarios seguirán su proceso privados de la libertad y que él mismo podría llegar a durar dos años, sin que esto pueda ser así, ya que podría resolverse antes de acuerdos a las actuaciones de los fiscales y los defensores.

En un hecho cuestionable por especialistas, la Fiscalía ingresó en la misma Orden de Aprehensión a la parte acusadora, los empresarios y la parte acusada, Armida Ramírez Corral.

*Tomado de El Financiero