Investigan al Poder Judicial de Veracruz por desvíos de recursos y empresas fantasmas: Ramón Díaz

En dicho exhorto, se sumaron las bancadas de Morena, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano para que se auditen y revisen los gastos que se están realizando en esa institución. 

En la exposición de motivos, el petista sostiene que hay indicios suficientes para encontrarnos ante el otorgamiento de diversos contratos a empresas fantasmas y es que los domicilios fiscales, que obran en los contratos de estas asignaciones, transitan desde los estacionamientos, las vecindades, construcciones en obra negra, lavados de autos, andadores y callejones. 

A estas empresas, dijo, se les han otorgado millonarios contratos para adquirir material de papelería, mobiliario y equipo de oficina, sanitización, compras de insumos para prevenir contagios de COVID, mantenimiento de aires acondicionados, equipos de cómputo; todo lo anterior, bajo esquemas de adjudicación directa o licitaciones simplificadas, totalmente opacos y ajenos a los criterios de racionalidad del gasto al ser notorios los sobreprecios en los que se adquieren dichos productos. 

“Existe la sospecha de que se otorgó un contrato, por una cantidad superior a los 6.5millones de pesos, para adquirir mobiliario de oficina a una persona física cuyo domicilio fiscal se encontraba, al momento en el que se otorgó, en la Ciudad de Martínez de la Torre, y donde hoy en día existe una construcción en obra negra, donde se proyectan locales comerciales y una cuartería”, acusó. 

Además, resaltó que de acuerdo al contenido del contrato esta persona física, inició operaciones en enero de 2019 y para el final de ese año ya contaba con el capital suficiente para soportar una compra millonaria como la otorgada. La dueña de esta empresa es una joven que al momento del contrato contaba con escasos 23 años, añadió. 

De igual manera, añade, se destinaron más de 14.5 millones de pesos para sanitizar diversas instalaciones del Poder Judicial, sin que exista constancia de que la persona física a la que se le otorgaron dichos contratos, por adjudicación directa, contara con las certificaciones necesarias para brindar dicho servicio. 

En el mismo sentido, dijo, existen viáticos erogados por diversos magistrados en los que se encuentran duplicadas sus comprobaciones, así como comisiones en las que trasladan cuadrillas de personal para realizar labores de limpieza y jardinería en diversas instalaciones de los distritos judiciales, donde se reportan gastos promedio de más de 2 mil pesos diarios por persona. 

Por tal motivo, se solicitó al SAT investigue si el listado de contribuyentes que han prestado servicios o comercializado insumos al Poder Judicial del Estado de Veracruz durante los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y a la fecha de 2022 han emitido facturas sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o comercializar dichos bienes, o si bien no se localizan, presumiendo la inexistencia de las operaciones, es decir, que corroboren si han simulado operaciones o son empresas fantasma. 

De aprobarse el acuerdo, pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera para que analice las operaciones financieras y económicas y evolución patrimonial de los proveedores y funcionarios del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y de ser el caso, implemente y de seguimiento a los mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones, que pudieran favorecer operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

También, se exhortó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que, en uso de sus atribuciones, lleve a cabo una auditoría integral que incluya un informe técnico, financiero, de legalidad y desempeño de los procesos de licitación y adjudicaciones directas del Poder Judicial del Estado de Veracruz del año 2019 a la fecha y de los recursos extraordinarios que hayan recibido. 

De igual manera, se evalúen los resultados del Plan de eficiencia de recursos y austeridad del Poder Judicial implementado en el ejercicio fiscal 2021, se analice la justificación de la solicitud de ampliación presupuestal por 500 millones de pesos para aliviar la supuesta crisis financiera que terminó resolviéndose extraordinariamente con 200 millones que se otorgaron durante el pasado ejercicio fiscal. 

Y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, se le pidió iniciar una investigación interna de lo aquí expuesto y en caso de existir algún tipo de responsabilidad lleven a cabo las acciones necesarias para sancionar ejemplarmente a los responsables e informe lo concerniente a esta Soberanía; mientras que al IVAI, inicie el procedimiento de denuncia por falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia en la que incurre el Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el Portal Nacional de Transparencia y realizar una auditoría a las obligaciones de transparencia del Poder Judicial del Estado.