A 2 años de la extradición de Lozoya, ni juicio ni reparación del daño; el acuerdo con Pemex está cerca, afirma su defensa

 

El 29 de julio de 2020, un juez federal del Reclusorio Norte abrió un proceso penal en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien unos días antes había sido extraditado desde España. Lo hizo a petición de la FGR, que acusó a Lozoya de recibir 10 millones de dólares en sobornos de parte de Odebrecht. Pero el exfuncionario no fue detenido. Inmediatamente quedó en libertad bajo la promesa de que probaría que existió un gran entramado de corrupción al más alto nivel del Estado mexicano, y que repararía el daño causado. Todo, a cambio de que se suspendiera su proceso.

Hoy se cumplen dos años de estos hechos, pero nada de lo prometido se ha cumplido. El exfuncionario no ha sido enjuiciado por los delitos que se le imputaron, pero tampoco ha sido “perdonado legalmente” por la FGR. Tras permanecer libre casi 18 meses, fue encarcelado de manera preventiva luego de que fuera fotografiado en un restaurante en Polanco. “Usted no ha probado nada, solo dio indicios”, le recriminó uno de los fiscales. En enero pasado, los fiscales optaron por acusarlo y pedir una condena en su contra de más de medio siglo de cárcel, pero en abril todo se detuvo de nuevo debido a la negociación de un pago a Pemex con el que, según Lozoya, se cerrará el acuerdo.

Los abogados del exdirector de Pemex sostienen que Lozoya ha cumplido su parte. En un posicionamiento entregado a Animal Político, recuerdan que ya denunció los hechos que le constan y que él no busca absolución, sino que se haga justicia, y adelantan que la negociación está a punto de cerrarse.

“En el marco de la última audiencia celebrada en el caso Odebrecht, las víctimas y Emilio Ricardo Lozoya Austin manifestaron —frente al juez— estar de acuerdo en firmar un convenio de reparación del daño (…) estamos en espera de la revisión final relativa a los inmuebles que Lozoya Austin ha propuesto como garantía de reparación del daño —era necesario verificar múltiples documentos—, para posteriormente fijar fecha de cara a la firma del convenio en audiencia frente a la jueza de la causa”, señalaron los abogados.

Autoridades ministeriales de la FGR ligadas directamente con el caso se limitaron a señalar a este medio que el proceso está abierto y que, hasta el momento, no se ha declarado procedente conceder el criterio de oportunidad que el exfuncionario busca.

Mientras tanto, el juez federal que estaba a cargo del control del proceso, José Artemio Zúñiga, fue cambiado de funciones debido a temas personales. Ahora, tanto el caso Odebrecht como el de Agronitrogenados, por el que también está bajo proceso Lozoya, pasaron a manos de una jueza federal que pidió más tiempo para estudiar los asuntos.

En ese contexto, México sigue siendo uno de los pocos países de la región donde la corrupción de la constructora Odebrecht no ha sido castigada. Mientras en Estados Unidos y otras naciones de América Latina la empresa ha pagado millonarias indemnizaciones y han sido detenidos hasta expresidentes, en México el caso permanece impune.

A continuación, en orden cronológico, se detallan algunos de los momentos clave del proceso abierto contra Lozoya desde que llegó a México, así como el posicionamiento de su defensa.

El montaje y el hospital

Luego de ser detenido en España en cumplimiento de una doble orden de aprehensión, Lozoya llegó a México el 17 de julio de 2020. Tras su llegada al hangar de la FGR en el  Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un convoy de vehículos de dicha institución salió rumbo al Reclusorio Norte, donde se encontraba el juez que giró las órdenes de captura, y ante el cual el exfuncionario debería quedar a disposición.

Pero el movimiento, en realidad, fue un montaje. La intención, como confirmaron fuentes ligadas directamente con el exfuncionario, era distraer a la prensa y que Lozoya no fuera fotografiado. En cambio, el exdirector de Pemex fue trasladado vía aérea al Hospital Ángeles del Pedregal, donde fue internado para ser tratado de una anemia. En ese hospital permaneció casi un mes, y desde la cama de su habitación compareció ante el juez a través de videoconferencias.

En dichas audiencias, los fiscales de la FGR acusaron a Lozoya de haber recibido millones de dólares en presuntos sobornos, tanto de Odebrecht como de la empresa Altos Hornos, para beneficiarlas con contratos de Pemex. El dinero, expusieron los fiscales, se trianguló a través de empresas fachada y cuentas en paraísos fiscales, con la supuesta complicidad de familiares del exfuncionario. Con dicho dinero, indicó la FGR, Lozoya se hizo de propiedades de lujo en la CDMX y Guerrero.

La liberación y las firmas a distancia

Pese a que había elementos suficientes para solicitar prisión preventiva justificada en contra de Lozoya, los fiscales no lo hicieron. La decisión, que sorprendió incluso al juez de control, se debió a que para ese momento la FGR ya había pactado con el padre de Lozoya otorgarle ciertos privilegios, a cambio de que denunciara y probara la existencia de una presunta red de corrupción del más alto nivel.

Desde el punto de vista de la FGR, el exfuncionario requería estar en libertad para reunir las pruebas que se necesitaban y convencer a los testigos que ofrecería. Por esta razón, solo se negoció como medida cautelar que portara un brazalete electrónico con GPS y que acudiera cada mes al reclusorio para firmar una hoja de control.

El 5 de enero de 2021, Animal Político reveló que Lozoya sí estaba cumpliendo con presentar dichas firmas, pero que lo hacía a distancia, a diferencia de otros procesados. Aduciendo supuestas razones de seguridad, las autoridades le permitieron presentar por internet su rúbrica digital. Un privilegio más del que gozó hasta noviembre de ese mismo año, cuando fue encarcelado.

La denuncia y los testigos que se retractaron

El 11 de agosto de 2020, Lozoya presentó una denuncia de 59 páginas en la que señaló a casi 70 personas de diversos hechos irregulares. En la lista incluyó, primordialmente, a opositores políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos expresidentes, legisladores, excandidatos presidenciales, exdirectores de Pemex y hasta a una periodista. Entre otras cosas, dijo que el dinero de Odebrecht se usó para, supuestamente, sobornar a diputados con la finalidad de que se aprobara la reforma energética.

Dicha denuncia no tardó más que unos días en filtrarse públicamente. El propio presidente recomendó a “todos los mexicanos” leerla, y en más de una ocasión ha repetido esos dichos dándolos por hechos.

No obstante, hasta la fecha lo denunciado por Lozoya no se ha probado en tribunales. De las personas que señaló, solo una está detenida, el exsenador Jorge Luis Lavalle, quien se encuentra en prisión preventiva y sin que su caso haya llegado a un juicio. En 2021, la FGR intentó obtener una orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, usando como base lo dicho por Lozoya, pero un juez desestimó los señalamientos.

En su denuncia y posteriores declaraciones, Lozoya ofreció como dos testigos clave de la repartición del dinero a los exfuncionarios de Pemex Francisco Olascoaga Rodríguez y Rodrigo Arteaga Santoyo. Sin embargo, los dos se negaron a ratificar lo dicho por el exdirector de Pemex, e incluso desmintieron sus dichos en entrevistas que sostuvieron con la defensa del exsenador Lavalle.

El restaurante y la cárcel

El 10 de octubre de 2021, la periodista Lourdes Mendoza fotografió a Lozoya cenando en el restaurante Hunan, en Polanco, junto con algunos amigos. Las imágenes mostraban al exfuncionario despreocupado y sin protección o custodia especial de la FGR o de algún tipo, pese a tratarse de un potencial testigo de graves hechos de corrupción.

Unas semanas después, el 3 de noviembre, la fiscalía solicitó en una audiencia que el exdirector de Pemex fuera encarcelado de forma preventiva. En la sesión, uno de los fiscales acusó al exfuncionario de “tener poco pudor procesal” al haberse mostrado de la forma en que lo hizo en el restaurante. 

Aunque la visita al establecimiento no representaba ninguna violación a las medidas que se le impusieron, los fiscales acusaron a Lozoya de que los elementos que había denunciado y presentado hasta el momento no eran suficientes para probar que la corrupción que denunció ocurrió. Además, señalaron que se le había encontrado una cuenta bancaria no reportada con varios millones de euros. 

El juez José Artemio Zúñiga ordenó la prisión preventiva tras recordar que, desde el inicio, él pensaba que esa era la medida cautelar adecuada. Hasta ahora, ya son ocho meses y medio los que el exdirector ha cumplido en dicho centro penitenciario.

La acusación de FGR y el acuerdo que tiró el presidente

El 3 de enero de 2022, la FGR presentó ante el juez la acusación definitiva en contra de Lozoya por el caso Odebrecht. En ella, lo señaló de ser el único beneficiado de los 10 millones de dólares que recibió en sobornos, hechos por los cuales pidió que fuera llevado a juicio, se le declarara culpable y se le impusieran 46 años de cárcel. 

Unos días antes, los fiscales también acusaron a Lozoya de haber recibido y aprovechado para su beneficio los sobornos de Altos Hornos, hechos por los cuales pidieron otra decena de años de cárcel.

La audiencia en la que deberían presentarse las pruebas y exponerse oralmente las acusaciones se programó para el 11 de abril. Pero horas antes trascendió públicamente que el Consejo de Administración de Pemex había aceptado recibir de parte de Lozoya un compromiso de pago por 200 millones de pesos. Esto, a manera de reparación del daño por los casos antes mencionados. En su conferencia matutina, el presidente criticó dicha opción tras considerar que era poco dinero.

El arranque de la referida audiencia se retrasó dos horas, periodo en el cual los representantes de Pemex le informaron a Emilio Lozoya Thalmann, padre de Lozoya Austin, que no sería posible cerrar el acuerdo en las condiciones actuales. Lo anterior fue informado al juez Zúñiga quien pidió a las partes agilizar la negociación o, de lo contrario, permitir que el proceso continúe. Este es el punto en el que el caso se encuentra detenido hasta la fecha.

El acuerdo está a punto de concretarse: abogados de Lozoya

Los abogados defensores del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda, rechazaron que el proceso de Lozoya se encuentre congelado y sin avances. Por el contrario, sostuvieron que la negociación está en marcha y solo faltan algunos detalles por resolver, relacionados con las propiedades que el exfuncionario pretende entregar como parte de la reparación del daño. 

“En el caso Odebrecht, tanto Pemex —aprobado por el Consejo de Administración—, como la UIF, han determinado un monto específico de reparación del daño y el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin se ha comprometido a pagarlo en su totalidad”, indicaron los litigantes en sus respuestas entregadas por escrito.

Los abogados explicaron que, una vez firmado el convenio de reparación del daño, se habrá cubierto este requisito que es indispensable para que la FGR otorgue el llamado criterio de oportunidad que Lozoya ha buscado desde el inicio. Reiteraron que el efecto de ese criterio no será absolver al exfuncionario, sino suspender su proceso penal mientras se corroboran los hechos que denunció en contra de otras personas.

En ese contexto, los defensores sostuvieron que existen personas interesadas en que la colaboración que ha ofrecido el director de Pemex fracase, pues este ha evidenciado con sus denuncias complejas redes de corrupción que afectan intereses del pasado. Pero reiteraron que el exfuncionario continuará en la misma línea, y ratificará todo lo que ha denunciado ante los tribunales correspondientes cuando sea requerido.

“Hay muchas personas interesadas en que Emilio Lozoya y la Fiscalía General de la República fracasen, pues mediante la denuncia y los datos de prueba aportados por Lozoya Austin, se afectan múltiples intereses ilícitos y oscuros, especialmente de los gobiernos pasados de nuestro país. Sin embargo, Lozoya Austin no se va a detener”, indicaron los litigantes.