Empresa que recibía millones del Congreso de Veracruz es acusada de abuso a trabajadores

Servicios Integrales de Limpieza pretende pagar 150 pesos al día sin vacaciones ni aguinaldo. Su domicilio legal es en realidad un despacho jurídico en Xalapa, señalan trabajadores. La empresa asegura respetar todos los derechos laborales

Servicios Integrales de Limpieza (SLI), la empresa que ofrece el servicio de limpieza al Congreso del Estado por casi 4 millones de pesos este año, tiene como domicilio legal un despacho de asesoría jurídica en Xalapa.
 
Lo anterior lo evidenciaron los trabajadores de limpieza del Congreso del Estado, quienes subrayan que no firmarán un contrato con esta empresa, propiedad de Jorge Luis Sandoval Landa, pues no les quieren otorgar vacaciones ni aguinaldo y temen que los hagan rubricar “su renuncia”.
 
Expusieron que SLI les informó que sólo les ofrece subcontratarlos mensualmente o trimestralmente, de ahí que no existe obligación legal de otorgarles vacaciones o aguinaldos, aunque sí les ofrecen seguro médico.
 
Luego de manifestarse el domingo pasado en el Congreso, durante la Sesión de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones el Tercer Año de Ejercicio Constitucional, la empresa les dirigió una circular, citándolos para ofrecerles un contrato de 3 meses.
 
Inicialmente, en abril, SLI únicamente les ofreció un contrato mensual sin garantizarles otra prestación que el seguro médico, aunque dicha compañía fue contratada para el periodo del 1° de marzo al 31 de diciembre por 3 millones 901 mil 115.40 pesos, pagaderos en 10 mensualidades de 390 mil 115.40 pesos
 
Después de la protesta, la empresa los citó para los días 3 y 4 de mayo a sus oficinas en 20 de Noviembre, “con el fin de firmar el contrato individual de trabajo correspondiente al trimestre que comprende del 1° de mayo de 2021 al 31 de julio de 2021”.
 
Sin embargo, en la fachada de ese lugar se puede observar que se trata de una oficina que brinda «Asesoría Legal” de nombre “Ramírez y Asociados”.
 
Los trabajadores aseguraron que la empresa “tiene dos domicilios”, pues inicialmente los citaron en la calle José Ramón García Número 13, en la colonia Herón Proal, de ahí que no acudirán a firmar ningún documento.
 
Insisten en que son presionados, especialmente la supervisora Mónica Idalia Castillo Rodríguez, a quien buscan despedir porque respaldó sus reclamos ante la empresa.
 
Los empleados piden anonimato para evitar represalias, afirmando que la empresa tampoco les garantiza los insumos necesarios para cumplir con su labor, pues tienen escobas y mechudos de hace 2 años y desinfectantes de la peor calidad.
 
El pasado domingo, los empleados se organizaron y burlaron la seguridad para introducir una lona al recinto oficial de sesiones y manifestar la incertidumbre laboral que padecen enfrente de los legisladores locales.
 
Además, llevaron los uniformes de las 3 empresas a las que la actual LXV Legislatura ha adjudicado el servicio de limpieza y en todas han existido irregularidades.
 
Acusaron que en 2019 se adjudicó el servicio a Compra Más, con la que carecieron de seguro médico a cambio de un aumento en su paga y en 2020 con la proveedora Cristina Barrón.
 
“Se prometieron mejoras salariales y ahora nos quieren pagar 150 pesos al día, con el anterior proveedor fueron 2 mil 150 pesos a la quincena”, expusieron.

Empresa ofrece conciliar

Al respecto, el supervisor de SLI, Carlos Troncoso, afirmó que la empresa no quiere afectar a los 17 empleados e incluso buscan contratarlos a todos durante los próximos 3 meses.
 
Además, quieren presentar los contratos firmados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para garantizar que no se violenta ningún derecho laboral.
 
El supervisor señaló que Mónica Idalia Castillo Rodríguez, como representante de los empleados, está dificultando el diálogo para llegar a acuerdos, de ahí que ninguno ha firmado su contrato trimestral, aunque sí aceptaron hacerlo por un contrato mensual en abril.
 
“Estamos dentro de la normatividad, lo que consagra la Ley Federal de Trabajo y no se están violentando derechos, ni reducir salarios y ningún tipo de situación que atente contra la normatividad”.
 
“Pedimos que se pongan en los zapatos de la empresa; tenemos un contrato de prestación de servicios con el Congreso y tenemos que cumplir con este compromiso”, dijo Troncoso.
 
Aseguró que, aunque se ofrecieron 2 direcciones de la empresa a los trabajadores, la sede oficial es la oficina de 20 de Noviembre, es decir, el despacho de asesoría legal.
 
“En la circular que se les dio conocimiento se les dice el domicilio de la empresa es en 20 de Noviembre. No creo que se preste a confusión, lo que se trata de ver ahí es que los trabajadores lean detenidamente su contrato, lo firmen y en un momento dado ponerlos a conocimiento de la Junta Local”, añadió.

*Información y fotografía de alcalorpolitico.com