Eliminar Prisión Preventiva Oficiosa sería un fraude a la Constitución
Ricardo Mejía Berdeja expresó que si se busca invalidar el 167 del Código Penal, se estaría anulando el 19 Constitucional
La Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) volvió a arremeter en contra del Poder Judicial y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al decir que si determinan acotar la Prisión Preventiva Oficiosa, estarán cometiendo un fraude a la Constitución por la vía judicial.
«Pretender alterar la eficacia de la Constitución a través de la invalidación de una ley, que es prácticamente una consecuencia de la Constitución, sería una mutación constitucional, (…) es decir, un fraude a la Constitución».
Ricardo Mejía Berdeja expresó que de acotar la Corte la PPO, “se estaría declarando en los hechos la inconstitucionalidad”, mientras que, “si se busca invalidar el 167 del Código Penal, se estaría invalidando el 19 Constitucional. Se haría una reforma a la Constitución por la puerta de atrás”.
Con respecto a la discusión sobre la PPO que continuará este jueves, el funcionario explicó que la Corte no puede ivalidar, derogar o modificar un artículo constitucional, ya que solamente el poder constituyente puede reformar la Constitución, es decir, el Poder Legislativo con las dos terceras partes del Pleno puede modificar la Carta Magna.
Por su parte, Andrés Manuel López Obrador rectificó su rechazo a la eliminación de esta medida, ya que se abriría la puerta para que las personas con poder económico hagan uso de la fuerza y los jueces continúen liberando a los delincuentes bajo el pretexto de que «no están bien integradas las invstigaciones».
Este jueves la Sala Superior de la SCJN definirá la suerte de la PPO, toda vez que ayer decidió aplazar la discusión sobre esta figura jurídica que ordena la prisión automática a quienes cometan delitos como: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales y robo de hidrocarburos.