Consulta popular en México, anhelo democrático en riesgo
Por: Mario Evaristo González Méndez
El próximo 1º de agosto se llevará a cabo la primera Consulta Popular, en el marco de la Ley Federal de Consulta Popular, expedida en 2014 por el entonces Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Para esta jornada se instalarán poco más de 57 mil casillas en todo el país, para recibir el voto de dos mil electores por cada mesa de recepción. Cabe decir, para que el resultado de la Consulta sea vinculante, es decir, tenga efectos legales, deberán participar el 40% de los inscritos en la lista nominal, es decir, 37.4 millones de ciudadanos (INE, 2021).
La Consulta Popular es un mecanismo de participación ciudadana, es un instrumento democrático con capacidad para legitimar y validar la opinión de la ciudadanía en temas de interés social; además, es un modo de participación reconocido en el marco legal del país.
El propósito explícito de la Consulta parece recoger el sentir de la ciudadanía; deseamos un país donde se garantice la justicia y respeto a los derechos humanos de mujeres y hombres, reconocemos que las decisiones de actores políticos del pasado han tenido un impacto negativo en el desarrollo de comunidades enteras, especialmente indígenas y campesinas; además, han afectado directamente a personas y familias opuestas al interés de quienes ejercieron el poder.
Tantos muertos, desaparecidos, presos y perseguidos por causas políticas, sociales y económicas son causa de indignación social.
Si bien, la Consulta tiene la bondad de convocar a la ciudadanía para legitimar su participación en la impartición de justicia, tiene la desventaja de la ambigüedad entre lo que se ha difundido al respecto y los alcances reales de su resultado. Por una parte, se promueve como una consulta para llevar a juicio político a los expresidentes, mientras que, la pregunta de la consulta no explicita ese propósito, sino que apunta al «esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos». ¿Cuáles decisiones políticas?, ¿quiénes son esos actores políticos?, ¿qué periodo de años pasados se considerará para los efectos legales?
Esta discrepancia entre lo promovido y lo declarativo, deja vericuetos de interpretación para la aplicación legal del resultado. En el imaginario popular, la consulta es en contra de los expresidentes, y muchas personas se presentarán a votar con esa idea; sin embargo, de ser vinculante y afirmativo el resultado de la Consulta, quizá no veamos a los expresidentes ni enjuiciados ni encarcelados, pues la ambigüedad de la pregunta da un amplio margen de oportunidad para el amparo, la evasión, la desvinculación y, en fin, las culpas seguirán en el aire y los culpables sin asumir su responsabilidad.
Es claro que, a pesar de las declaraciones del Presidente de la República y del discurso de sus partidarios, no es su intención confrontar en los tribunales a los expresidentes, porque los alcances materiales e intelectuales de su participación en los delitos supuestos están magistralmente maquillados; si las pruebas en su contra fueran claras y evidentes, las autoridades tendrían elementos suficientes para iniciar un juicio que, conforme a la ley es posible y no requiere de una consulta cuya respuesta popular es obvia: ¡exigimos justicia!
Pese al anhelo democrático que compartimos como sociedad, la corrupción del sistema político mexicano es un mal tan avanzado que nuestra participación en esta consulta será apenas un soplo sin mayor impacto en el monstruo que carcome las entrañas del país, sumidas en la pobreza, la injusticia y la criminalidad.
Quizá se avecina un desencanto social mayor que será desventaja para el proceso de transformación pretendido por el Ejecutivo, pero no respaldado por las acciones de sus allegados, quienes, en su mayoría, ostentan el poder para ser “pan con los mismo”. ¿Acaso convendrá a los intereses políticos actuales que se juzgue a los del pasado? Más de uno de los actores políticos actuales saldrían salpicados, poniendo en riesgo su carrera política en camino a las elecciones de 2024.
La Consulta Popular, mecanismo de democracia participativa, corre el riesgo de un asalto de intereses que continúen perpetuando la corrupción, violentado el incesante reclamo de justicia y abusando de la condición del pueblo para promover infaustos liderazgos.