A consulta el juicio a ex presidentes

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional celebrar una consulta popular acerca de la posibilidad de emprender un proceso judicial contra ex funcionarios del gobierno federal. Aunque inicialmente la petición tenía como propósito preguntar si se llevaba a juicio a los cinco ex presidentes anteriores, los ministros decidieron modificar la pregunta original con el fin de que no fuera dirigida a ninguna persona en particular.
Esta será la primera vez en la historia contemporánea que se realizará este ejercicio de democracia directa.

En votación dividida de seis contra cinco, el pleno de ministros acordó que el tema propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador no implica violaciones a los derechos humanos ni al debido proceso, pues se ajusta a lo establecido en el artículo 35 de la Constitución.

Se aclaró que el resultado de este ejercicio no será vinculante, es decir, obligatorio, para la Fiscalía General de la República (FGR) ni para los jueces que más adelante puedan avocarse a la resolución de los juicios respectivos. Los anterior porque, como procuradores e impartidores de justicia, su actuación debe permanecer dentro de los marcos legales de autonomía, independencia e imparcialidad.

Al comenzar la sesión, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, expuso su proyecto en el sentido de negar la consulta por cinco razones principales: lesiona los derechos humanos de los ex mandatarios, condiciona la obligación de procesar a cualquier persona responsable de un hecho delictivo, sea o no un ex presidente; viola el principio de presunción de inocencia, implica poner a votación los derechos, y contradice el principio de igualdad.

Para abrir el debate, el magistrado presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea afirmó que la consulta popular es un instrumento que devuelve el poder a la ciudadanía para manifestarse sin intermediarios.

Hizo un llamado a sus compañeros de pleno: Esperaría que hoy la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional.

Sostuvo que no se trata de poner a votación la justicia, sino de permitir a la ciudadanía orientar la política criminal del Estado.

A su vez, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que la democracia indirecta, ejercida mediante la elección de legisladores y del Ejecutivo, es insuficiente, pues puede llevar a una crisis de representación donde los ciudadanos pueden sentirse no identificados.

Por ello, declaró, la SCJN debe cumplir con su papel de ser garante de la consulta popular, a la que definió como un sistema de democracia semidirecta, necesario para que se exprese la voluntad popular. Sin embargo, advirtió que la pregunta originalmente planteada contenía vicios de inconstitucionalidad y, por ello, debía ser reformulada.

*Tomado de La Jornada