Un riesgo reactivar la revista de la supervivencia presencial a pensionados por parte del IPE
Muchos de los pensionados están enfermos y no pueden acudir a los módulos: Adriana Chávez.
Por. Irineo Pérez Melo
La Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) consideró como un riesgo reactivar la revista de la supervivencia presencial, debido a que muchos de los pensionados están enfermos y no pueden acudir a los módulos, aseguró su coordinadora Adriana Chávez Tejeda.
En conferencia de prensa, expresó que “esto es un retroceso en el goce y disfrute de los derechos humanos a la pensión y colisiona con el principio de progresividad contemplado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Explicó que la progresividad de los derechos implica que siempre deben mejorar y no debe haber regresividad, como la hay en el caso que nos ocupa, de ahí la inconformidad de este organismo, ya que se cancela la mejoría alcanzada en los dos últimos años, al violentarse este principio y condicionarse, de esa manera, el pago de la pensión.
Además, señaló también que disminuyeron el número de sedes para llevar a cabo la revista de supervivencia por parte del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), y al pedirle una explicación, su titular dio muchas excusas y finalmente, se determinó implementarse la revista.
De manera categórica Chávez Tejeda refirió que se le pidió una explicación a la Dirección del IPE, sobre la modificación del Programa de Revista de Supervivencia 2019, se dieron varias excusas, en el sentido de que no hay dinero para volver a poner las sedes que había, por eso quitamos las que hay; no podemos desplazar personal como se hacía antes de 2016 y no estaba presupuestada la revista, entonces por eso no lo vamos a hacer; argumento que nosotros encontramos bastante bizarro, aseguró.
Mencionó que era mejor y sin costo realizar la revista no presencial y además beneficiaba a los jubilados ya que no tenían que salir a las sedes, lo que era un doble beneficio.
Además, recordó por último la existencia de convenios con los Ayuntamientos para que éstos informaran de las defunciones de personas pensionadas, para darlas de baja; incluso, está estipulado en la ley, pero afirmaron que éstos se atrasaban con la información, por lo que retiraron este vínculo.