Un pobre gobernador
El todavía gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, no quiere darse cuenta de lo evidente: está solo y a la deriva.
La andanada que desde los medios de la Ciudad de México se lanzó sobre el mandatario veracruzano saliente, en la que él, su familia y sus colaboradores están siendo exhibidos como presuntos responsables de desvíos de recursos y enriquecimiento ilícito, no es casual y va más allá de lo que él considera una “estrategia” de quien será su sucesor en la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Linares.
Al mismo tiempo que los medios lo tunden, desde Los Pinos le mandan señales claras de que ha caído de la gracia y que van por él. Ni siquiera por un ánimo real de hacer justicia, sino porque alguien tiene que pagar los platos rotos del 5 de junio. Y en Veracruz se quebró la vajilla entera.
En uno de los frentes, la Procuraduría General de la República por fin comenzó a darle cauce a las denuncias por peculado contra el gobierno de Duarte presentadas no únicamente por Yunes Linares, sino por la Auditoría Superior de la Federación, de donde necesariamente tendrían que derivarse en breve órdenes de aprehensión contra numerosos integrantes del gobierno de la supuesta “prosperidad”, que sólo llegó para ellos.
Entre tanto, en el PRI le preparan la “cama” al duartismo para darle el tiro de gracia con una defenestración política histórica. Mientras el proceso para expulsar a Javier Duarte del partido avanza a gran velocidad, el dirigente nacional priista, Enrique Ochoa Reza, ha reforzado su discurso contra la corrupción y paró en seco la intentona de este grupo por hacer del Comité Directivo Estatal tricolor un reducto para refugiarse.
En ambos casos, ni la PGR ni el CEN del PRI actúan por su cuenta o por una ocurrencia. Detrás de sus actos está una instrucción presidencial, mucho muy tardía, para sacudirse el lastre de un gobernador que a pesar de toda la evidencia en su contra, aún se atreve a utilizar los instrumentos del Estado para clamar por una inocencia en la que absolutamente nadie cree.
Tras revelarse este miércoles que las investigaciones de la PGR se extendieron a la familia del gobernador y a la de su esposa -la gran usufructuaria de las mieles del poder y de los negocios sexenales-, por la tarde Javier Duarte hizo pública una supuesta declaración patrimonial en la que admite que sólo es poseedor de dos modestas casas compradas antes de que entrara a la política, de joyas y monedas por más de dos millones de pesos “donadas” por la familia de Karime Macías, alguna obrita de arte y cuentas bancarias que serían el hazmerreír de Carlos Hank González. Todo, con ingresos anuales por dos millones 272 mil 54 pesos, poco más de 189 mil pesos mensuales, a pesar de que su salario como gobernador, según los tabuladores oficiales dados a conocer por su mismo gobierno, es de 74 mil 938 pesos al mes. Un insulto a la inteligencia de los veracruzanos.
Nada dijo Javier Duarte del lujoso departamento de la Torre Pelícano en Boca del Río. O del piso en La Castellana en Madrid. O del departamento en Nueva York. Seguramente, se los “prestan” sus “amigos” cuando anda por ahí, veraneando.
Pero quien lo conoce sabe que Javier Duarte ni remotamente es un gobernador pobre. Es, eso sí, un pobre gobernador.
Va, la Ley Antiaborto
Este jueves, la LXIII Legislatura del Estado de Veracruz aprobará en segunda vuelta la reforma al artículo 4 de la Constitución local para “proteger la vida desde el momento de la concepción” y con ello abrir la puerta a la criminalización de las mujeres veracruzanas que se practiquen un aborto, pasándose por el “arco del triunfo” los tratados internacionales suscritos por México en sentido contrapuesto.
Los diputados locales no se quieren quedar atrás. Como la administración estatal, quieren ser la peor Legislatura de la historia de Veracruz.
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