Mujeres de Veracruz, en grave riesgo

Por Álvaro Belín*

Este jueves 8 de marzo, cuando se conmemore el Día Internacional de la Mujer, se recordarán las palabras que este martes pronunció María López de la Rica en el Congreso del Estado sobre la situación jurídica de las mujeres veracruzanas, luego de recibir el Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2018 por su activismo enfocado en erradicar la violencia de género desde una perspectiva jurídica social y a su promoción de los derechos humanos de las mujeres, en particular en las comunidades de la Sierra de Zongolica.

Es extraño que un día el gobierno estatal emita expresiones como la del titular de Sedesol contra una mujer, la diputada Rocío Nahle, y al siguiente la Legislatura otorgue este premio a una connotada activista, nacida en Colombia por cierto pero comprometida con las veracruzanas, como María. Y no le fue nada bien, al menos a la Fiscalía General del Estado, a cargo del abogado personal de los Yunes, Jorge Winckler.

López de la Rica acusó un absoluto desinterés del Fiscal en temas relacionados con las mujeres. Por ejemplo, desde diciembre pasado en que fueron despedidas sus titulares, aún no se ha contratado a 22 nuevas fiscales especializadas en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas, pese a que eran insuficientes. Lo grave es que mientras la Fiscalía le da la espalda a las veracruzanas, quienes viven una situación de inseguridad e impunidad, de enero de 2017 a la fecha han sido asesinadas 251 mujeres en el estado.

La primera Alerta de Género dictada por la Conavim se refería a la vulnerabilidad creciente de las mujeres ante la violencia de género, señalándose 11 municipios donde el fenómeno era más visible, si bien hay que reconocer que no se circunscribe a esos territorios. La galardonada pidió al gobierno estatal llevar a cabo las acciones contempladas en las dos alertas de género, una por violencia por agravio comparado y la otra por violencia feminicida, no solo en los 11 municipios señalados por la Conavim sino también en los 47 municipios con población indígena mayoritaria.

Dijo que las indígenas veracruzanas no tienen acceso a la justicia por la distancia que media entre sus comunidades y los centros de procuración de justicia, lo que se agrava por la pobreza que impide destinar recursos para sus traslados. “Esto hace que las mujeres que toman la decisión de vivir una vida libre de violencia desistan y regresen a sus lugares a vivir con ‘el violador’ y se expongan a la violencia extrema”.

Ya las notas periodísticas darán cuenta de otras peticiones de esta mujer que es representante de la asociación Kally Luz Marina AC en el municipio de Rafael Delgado, una organización que desde 2007 brinda apoyo psicológico, legal y social a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad, principalmente en la zona serrana de Zongolica, en el centro de Veracruz.

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