¿Marcha por la vida?
Por Mario Evaristo González Méndez*
La marcha por la vida, convocada para este sábado 20 de octubre en el Estado de Veracruz, es un acto político consecuente con la laicidad del Estado, en el marco de la legalidad, afianzado en la garantía de los Derechos Humanos y acorde con la Doctrina Social Cristiana (esto último de interés para los fieles católicos).
Ofrezco estas líneas para la reflexión de quienes participemos y para conocimiento de cualquier interesado en el tema:
- Nuestra libertad de expresión será genuina en la medida en que respetemos a la ciudadanía, independientemente del desacuerdo de algunos con nuestra opción.
- El respeto y defensa de la vida incluye, desde luego, la afirmación del derecho a la vida desde la concepción, pero no se agota en ello.
- En consecuencia, marchar por la vida es también manifestar nuestro descontento con el clima de violencia y criminalidad que padecen mujeres y hombres, de diferentes edades y condiciones sociales: homicidios, desaparición forzada, violaciones; por tanto, exigir a las autoridades civiles garantizar el acceso e impartición de justicia, según proceda.
- Implica el respeto a la dignidad de la persona, en todo momento y bajo cualquier condición. Recordemos: se rechaza la legalización del aborto voluntario, pero ello no justifica la «satanización» de la mujer que aborta; se valora la presencia y la necesidad de la familia y el matrimonio en la sociedad, pero es inadmisible cualquier acto de discriminación o menosprecio a las personas con atracción al mismo sexo.
- No se trata sólo de etiquetar de «buena» o «mala» cierta conducta, es necesario re-educar a hombres y mujeres en el sentido de la belleza de la sexualidad y del placer, así como en el ejercicio de la libertad interior.
- Marchar por la vida nos compromete a fortalecer nuestra acción en congruencia con nuestro discurso. No es válido «hacerse de la vista gorda» ante los problemas internos de algunas de nuestras comunidades eclesiales: pederastia, redes de prostitución infantil, corrupción, condiciones laborales injustas para el personal que labora en las instituciones y organismos de la Iglesia, entre otros. Ante ello tampoco debemos callar, pues dichos actos violentan la dignidad de vida de aquellos que lo padecen.
- La Iglesia, todos nosotros bautizados, aún tenemos mucho por hacer para «que en Cristo, nuestra paz, México tenga vida digna». Tenemos una deuda enorme con los miles de pobres en el país, los migrantes y los desplazados; aún hay muchas personas que no tienen acceso a la salud, a la alimentación sana ni a la educación. Ya hay muchas obras, pero nuestro laicado y organización eclesial tienen potencial para más. No sólo para asistir a través de nuestros organismos, sino también para hacer uso de los derechos políticos que tenemos como ciudadanos para exigir que quienes nos gobiernan administren el bien común con diligencia, transparencia y buen juicio.
- Por último, pero no menos importante, la marcha por la vida también nos exige el cuidado y defensa del medio. Solidarizarnos con aquellos hermanos que se oponen a la explotación y privatización de los recursos naturales; adoptar hábitos de consumo y producción amigables con la naturaleza.
Siendo el derecho a la vida el sustrato de todos los demás derechos, esta movilización social es legítima, pero su finalidad exige movilizar nuestra esperanza hacia prácticas ciudadanas más solidarias, asumir conciencia política crítica y propositiva, encontrarnos sin prejuicio con quien piensa distinto privilegiando el diálogo y la convivencia fraterna.