La nueva política educativa

Por Gilberto Guevara Niebla*

El triunfo de AMLO abre la oportunidad de dar un nuevo impulso a la educación nacional, pero la nueva política deberá construirse con sensibilidad e inteligencia para evitar que se fracture la estabilidad escolar y que, a la postre, intereses políticos, o político-sindicales, prevalezcan sobre los propiamente educativos.

La decisión de derogar la Ley General del Servicio Profesional Docente parece haberse tomado según anunció Esteban Moctezuma el día sábado 7 de julio tras un encuentro con AMLO; habrá nueva legislación y nueva reforma educativa que surgirán —dijo Esteban—de una consulta a todos los actores involucrados (maestros, padres de familia, expertos y organizaciones de la sociedad civil)

Se trata de una empresa mayúscula que exigirá un enorme esfuerzo organizativo y humano, aunque, de no realizarse con cautela puede traer una ruptura en la continuidad del trabajo de las escuelas. Éste es un asunto delicado. Hacer tabla rasa y desconocer el trabajo que en educación se ha hecho en este sexenio puede suscitar malestar en la sociedad y dar lugar a renovados conflictos dentro del sistema educativo en perjuicio del interés superior de niños, niñas y jóvenes. En mi opinión hubiera sido mejor conservar el servicio profesional modificándolo; el cambio que hubiera aliviado el malestar docente era simple: eliminar la evaluación para la permanencia. Con su influencia en el poder legislativo, AMLO podría fácilmente eliminar la palabra “permanencia” del artículo tercero y cambiar la ley secundaria con ese mismo fin.

Puede concebirse, es cierto, un nuevo sistema profesional docente que ponga énfasis en la formación y no en la evaluación y que conserve la evaluación como medio para el ingreso, la promoción, el acceso estímulos y el reconocimiento. La evaluación, es cierto, no goza de mucha popularidad entre docentes, sin embargo, es la única garantía que ellos tienen para impedir arbitrariedades e injusticias y asegurar que cada quien reciba lo que le corresponde.

Pretender eliminarla sería riesgoso. En la sociedad existe una especial sensibilidad hacia los temas educativos y entre el profesorado persiste una crispación sobre los efectos de la evaluación sobre la permanencia. Sin embargo, querer echar todo al bote de la basura puede ser riesgoso. Una encuesta realizada por el INEE en febrero de este año mostró que el 70% de los ciudadanos está de acuerdo con que se evalúe a los maestros. Los maestros mismos no se oponen a la evaluación.

Por otro lado, aunque impugnado, el servicio profesional docente ha sido una realidad. De 2014 a junio de 2018 se han aplicado 1 millón 500 mil evaluaciones a docentes. Hablo de evaluación para ingreso, promociones, estímulos, reconocimientos y permanencia. Muchos de estos docentes han sido beneficiados por el servicio y es presumible que se opondrían a cualquier movimiento encaminado a perjudicar sus intereses.

En todo caso, ningún interés particular debe prevalecer por encima del interés de la república (uso este concepto para sintonizar con el discurso republicano de AMLO). La democracia republicana, empero, no significa “dictadura de la mayoría”. Por el contrario, la democracia republicana obliga a la negociación, al diálogo y al acuerdo pacífico entre mayoría y minorías. “La mayoría absoluta, dice Kelsen, debe renunciar constantemente a imponer su voluntad a la minoría”.

El triunfo electoral de AMLO, que es asombroso, no debería conducir a una batalla entre intereses irreductibles pues tal derivación traería consecuencias desastrosas para el país y para el presidente mismo. Sobre todo, en educación. Como sabemos en este sector la estabilidad política está prendida con alfileres y sería muy lamentable que, por juicios políticos particulares se rompieran los delicados equilibrios que aseguran la estabilidad del sistema.

Tomado de http://www.cronica.com.mx/