El Asesor Técnico Pedagógico, sujeto de derecho.
Por Sandra Ortiz Martínez y Artemio Ríos Rivera.
Mucho tiempo ha pasado para que los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP) encontráramos un espacio para mirarnos como un sujeto de derecho. La función de Apoyo Técnico Pedagógico –que no es lo mismo que de Asesor o por lo menos esa es la apuesta, aunque el acrónimo sea el mismo– existe desde que la escuela pública adquirió el carácter que hoy tiene; es decir, desde que la educación es obligatoria para todos los mexicanos y el Estado se encargó de hacerla llegar a todos los rincones del País a través de la institución escolar.
Desde ese tiempo fundacional, existieron figuras dedicadas a capacitar maestros y apoyarles en sus tareas de instrucción pues, por la necesidad de atender a una población numerosa, el Estado incorporó a todo aquel que supiera leer y escribir a las tareas de docencia; por tanto, fue preciso que en el proceso se capacitaran y aprendieran los elementos que el conocimiento pedagógico iba desarrollando y señalando necesario para ejercer el oficio. Es decir, se gestó el papel del ATP como un actor, que entre otras tareas, debía atender la formación y actualización del magisterio.
Durante un largo periodo, los ATP hemos sido figuras imprescindibles en los múltiples intentos de modernización de la institución escolar y todo el aparato educativo. En el amplio abanico de lo que ello puede significar, hemos funcionado como una figura “comodín” para las autoridades educativas, pues sin un proyecto educativo de largo aliento, hemos ido pasando de una tarea a otra, según lo que la contingencia y el “apuro” obligue.
Cotidianamente el gremio lamenta la carga administrativa que toca resolver en el lugar de adscripción, sobre todo si ese lugar es una supervisión escolar con muchas escuelas. Así mismo, se repiten una y otra vez –casi como lamento– las condiciones de subordinación y falta de autonomía que determinan que trabajemos sin proyecto académico o que intentar uno implique una negociación tensa con la autoridad inmediata.
Claro, también hay un grupo numeroso de empleados comisionados en la función que dedican su tiempo al servicio del partido o cacique en el poder, como acarrea votos e inclusive como jardineros, guaruras o damas de compañía. En Veracruz, la auditoría realizada hace unos años no logró identificarlos. A lo mejor inventamos y no existen.
El escenario anterior fue posible, no sólo porque para cualquier administración de cualquier tamaño, resulta muy cómodo contar con un grupo de empleados a disposición para “lo que haga falta” y que resolver las necesidades no implique la reestructuración de toda la institución o instancia organizacional; también fue posible, porque debido la falta de regulación de la figura, las formas de volverse ATP estuvieron plagadas de corrupción, siempre con honrosas excepciones. Evidentemente no todos, pero sí muchos docentes llegaron a la función porque habían cometido alguna mala acción en la escuela donde trabajaban (“mejor que se vayan de ATP y no molesten a los papás o a los niños”) o porque era la manera sencilla de “descargar” a alguien de su responsabilidad frente a grupo (siempre resulta demasiado pesada para quien no cuenta con las herramientas necesarias y no está dispuesto a construirlas), ya fuera como pago por un favor político, sexual o familiar.
Así, los ATP hemos sido un grupo con un nombramiento formal de docentes –la mayoría, aunque había o hay algunos con mayor suerte o habilidad que consiguieron nombramiento como director y luego salieron de la escuela–, pero con tareas externas a la escuela. Algunos nunca estuvieron frente a grupo o nunca pisaron una escuela como su centro de trabajo. Los ATP hemos sido un grupo que en el sector educativo no ha tenido una presencia política importante; según nuestra lectura, había elementos que requerían de la organización, pero las condiciones de llegada eliminaban la posibilidad de cohesión en el gremio: muchos de nosotros nos esforzábamos día con día para distinguirnos de aquellos que llegaron sólo porque no querían o podían estar frente a grupo.
En la coyuntura actual, los ATP que nos evaluamos y resultamos idóneos para realizar la función, que seguimos el proceso de inducción y que luego de volver a presentar la evaluación para obtener la definitividad en el cargo, hemos sido violentados con la anulación de resultados, contamos con la legitimidad para hacer escuchar nuestra voz. Por primera vez en nuestra historia, “exorcizamos” la sospecha y el recelo; podemos presentarnos en grupo y exigir el respeto que se nos ha negado. Reconocemos que el concurso para la promoción nos ha dado legitimidad.
En el artículo de la semana pasada (https://www.revistasinrecreo.com/educacion/el-resultado-es-que-no-hay-resultado/) explicamos con detalle el proceso de evaluación y de anulación de resultados. En estos días se han escuchado distintas voces, pero en el marco de ese concierto, lo más importante es que por fin se escuchan también las voces de los grupos de ATP que se han organizado y se pronuncian frente a las autoridades, que defienden un derecho negado durante muchos años: contar un nombramiento que nos dé personalidad y autonomía para desarrollar las tareas propias de la asistencia técnica a la escuela. Durante los días pasados autoridades educativas estatales y de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente han recibido delegaciones de ATP y han establecido pactos mínimos frente a un escenario de incertidumbre administrativa y laboral.
Los ATP sabemos que lo que se juega al obtener la definitividad en la función, no sólo tiene que ver con mejoras laborales, sino que significa el inicio en la construcción de un perfil profesional colectivo impostergable en el organigrama educativo. Esto significa iniciar un camino para desarrollar nuestro trabajo con autonomía y seguir posicionando nuestra voz desde la legitimidad y la crítica.