Algo está podrido en el poder judicial.

Por: Felipe De Jesús Fernández Basilio

Mientras estamos bien entretenidos charlando acerca de quesos y penachos prehispánicos pero ajenos, la justicia mexicana se encuentra en quizá la peor etapa de su historia.
Y es que en lo que atañe a su función primordial que es de acuerdo al artículo 103 de la constitución mexicana hacer que las normas generales (leyes), así como los actos y las omisiones de la autoridad sean acordes a los derechos humanos y a las garantías otorgadas por la constitución y por los tratados internacionales.
Sin embargo, cuando se trata de asuntos que involucran oficial o extraoficialmente al gobierno federal, este poder no sólo incumple con su tarea constitucional, sino que hasta inventa maniobras para seguir los dictados gubernamentales.

Por supuesto que no me refiero a la totalidad del poder judicial federal, ya que hay algunos jueces de distrito que han antepuesto la ley sobre los intereses del poder arriesgando tanto el sustento como la libertad personal.

Caso representativo de lo anterior es el proceso penal contra Alonso Ancira en la que un secretario de juzgado en funciones de juez le concede un amparo al inculpado y al otro día es separado de sus funciones por el Consejo de la Judicatura, es decir ni siquiera se agota el proceso de amparo y el funcionario judicial es perseguido inmisericordemente, ya que es deseo del gobierno federal que el mencionado imputado siga preso.

Mientras que en las instancias superiores que se supone que deben de ser mucho más especializadas, el absurdo jurídico en el que incurren para ponerse al servicio del gobierno es total.

Y así tenemos la famosa consulta popular que se va a hacer en las elecciones para preguntarle al “soberano pueblo” si las autoridades investigadoras del Estado deben de hacer su trabajo o no; misma que originalmente iba encaminada para preguntar si el pueblo quería enjuiciar a los últimos presidentes y los ministros en lugar de decir que lisa y llanamente esa pregunta no pasaba por anticonstitucional, ya que el artículo 13 de la constitución claramente prohíbe tanto las leyes privativas como los tribunales especiales, es decir la persecución legal y judicial contra alguien en específico; nuestro más altos interpretadores de la norma legal modificaron la pregunta para sustituir los nombres de los expresidentes por la generalidad de funcionarios públicos recientes.

Es decir, en lugar de rechazar la pregunta por anticonstitucional le hicieron la tarea al gobierno tratando de cuadrarla con la constitución y así engendraron otra pregunta que si bien ya no atenta contra ese principio constitucional, sigue careciendo de toda lógica y más porque la misma constitución establece que es obligación de la fiscalía federal investigar y perseguir todos los delitos que se cometan en contra de la federación y el cumplimiento de esa obligación no está sujeto a la voluntad de nadie, ni siquiera a la del “soberano pueblo”; así que con todo y los malabares de los ministros de la Suprema Corte, la pregunta sigue siendo anticonstitucional.

Otro ejemplo de la obsecuencia del poder judicial federal respecto al gobierno lo tenemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que sorprendentemente revivió a una serie de nuevos partidos que no habían cumplido con los requisitos para obtener su registro como partidos políticos nacionales violentando la intención del legislador acerca de reducir los costos electorales endureciendo las condiciones para la obtención del registro como partido político nacional.
Lo curioso del caso es que esos nuevos partiditos son necesarios para el gobierno, ya que ante el desgaste que su partido tiene tanto por el ejercicio del poder como por el gigantesco desorden interno que viven, ya que Morena no tiene dirigencias nacionales ni locales estables y viven en un constante pleito sobre quien es quien en ese partido; esos partidos bien les pueden quitar votos de personas desencantadas pero si llegaran a alcanzar alguna diputación, ésta se alineará a la bancada oficial.
Pero para lograr lo anterior, los magistrados electorales torcieron la ley de la materia y así ordenaron al erario hacer un gasto millonario para que esos partiditos puedan operar y en su momento engañar al público para que en la próxima legislatura se trate de construir otra mayoría oficialista.

Como podemos darnos cuenta, algo está bien podrido en el poder judicial federal ya que para justificar su trabajo inventan vocablos y precedentes judiciales muchos de ellos inentendibles (para constatarlo estimados lectores pueden consultar las tesis más recientes que hay en el Semanario Judicial del Poder Judicial de la Federación) y sin embargo todo eso de poco sirve si cuando se tienen que enfrentar al gobierno no hacen nada más que darle por su lado.

Una vez hecha la reflexión semanal, quiero terminar este texto con algo verdaderamente chusco que sucedió hace poco y es que la protagonista de eso no podría ser nadie más que Doña Beatriz, quien es mejor conocida para los lectores de este espacio como “Frau Müller”.

Y es que nuestra primera dama que según ella no es primera dama pero que en realidad es mucho más que primera dama, fiel a su costumbre llevó a cabo una misión especial en nombre del Estado mexicano por Francia, Italia, la Santa Sede y Austria para pedir en préstamo objetos prehispánicos que hay en esos países más tanto por la calidad en la que fue como por los destinos que visitó nos recuerda a otra dignataria que aunque por circunstancias y con fines distintos, realizó exactamente el mismo periplo y obtuvo también solo negativas a sus pedidos y al igual que “Frau Müller” era otra dama de palacio, pero eso sí con mucha mayor alcurnia y sin ocultar su condición, esa persona era nada más y nada menos que la emperatriz Carlota.

Curiosidades de la historia que revelan mucho sobre los personajes públicos de la actualidad.

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