Segob solicita a fiscalía de Jalisco carpeta de investigación del caso Giovanni
Giovanni falleció el 5 de mayo por traumatismo craneoencefálico, según el acta de defunción, un día después de haber sido detenido.
La Secretaría de Gobernación solicitó este jueves a las fiscalías de Jalisco y Baja California información de las carpetas de investigación relacionadas con los decesos de Giovanni y Oliver, respectivamente, quienes fallecieron luego del probable uso excesivo de la fuerza pública en sus detenciones.
El pasado 4 de mayo, un video publicado en redes sociales muestra cómo policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, detienen a Giovanni luego de que este saliera la calle sin cubrebocas, artículo cuyo uso actualmente es obligatorio debido a la emergencia sanitaria del COVID-19.
En el video se puede ver al joven forcejeando con los elementos de la Comisaría de Seguridad de Ixtlahuacán de los Membrillos para no ser subido a la unidad de la policía, mientras que personas tratan de defenderlo, reclaman a los miembros de la seguridad pública y tratan de impedir la detención.
El hermano de Giovanni relató que el presidente municipal de Ixtlahuacán, Eduardo Cervantes Aguilar, le dijo su tía que podía pasar por su sobrino a la Comisaría Municipal al otro día.
Sin embargo, cuando fue por él recibió la noticia de que Giovanni ya se encontraba en el Hospital Civil de Guadalajara, debido a los presuntos golpes que recibió por parte de los policías.
Giovanni falleció un día después de la detención, el 5 de mayo, debido a un traumatismo craneoencefálico, según su acta de defunción.
El hermano de Giovanni dijo a LatinUS que Cervantes Aguilar le ofreció a su familia 200 mil pesos para que no se difundiera dicho video, además de que, supuestamente, lo amenazó de muerte.
En hechos separados, también circuló en redes sociales un video por los hechos del 28 de febrero en los que se observa que es detenida en una gasolinera una persona en situación de calle, quien falleció supuestamente en custodia de la policía municipal de Tijuana.
“Ante la presunta ejecución extrajudicial y clara violación a los derechos humanos en ambos casos, esta subsecretaría condena los hechos en los que se recurre a la fuerza pública para hacer cumplir las medidas preventivas por la pandemia o ante la detención arbitraria que afecta a la población, particularmente a las personas más vulnerables”, subrayó el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez.
Destacó que, ante el establecimiento de las medidas sanitarias a causa del coronavirus COVID-19, se requiere un ejercicio de responsabilidad colectiva para proteger la salud pública, protegiendo en todo momento los derechos de las personas.
“No se deben fomentar discursos discriminatorios basados en prejuicios y estereotipos, por lo que exigimos desde esta subsecretaría a la autoridad judicial esclarecer ambos casos y llegar hasta los responsables de estos lamentables hechos”, enfatizó.