Política sindical y compra de conciencias
Por Artemio Ríos y Sandra Ortiz*
En el caso del magisterio, como en muchos otros casos, los trabajadores tienen ciertas prestaciones que les otorga la Ley y que son administradas por instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE, el IPE, entre otras.
Estos derechos se materializan en elementos concretos: servicios médicos, viviendas, créditos, entre otros. En todos los casos, los bienes ofertados son resultado de la capitalización de los recursos que se recaudan a partir de las cuotas de los trabajadores, ciertas aportaciones del patrón y los intereses devengados por esos recursos en manos de los administradores.
Por tal motivo, dichos beneficios deberían ser otorgados a todos los trabajadores. Es entendible que no sea posible la universalización de ciertas subvenciones en una sola emisión, por eso hay criterios basados en la equidad o la discriminación positiva para la distribución de algunas prestaciones. Por ejemplo, no es posible otorgar vivienda a todos los trabajadores en un ejercicio fiscal, ni en varios. Para ello, cíclicamente se van definiendo un número de viviendas y montos económicos a ejercer en un determinado tiempo. Por lo que hay criterios de selección de los solicitantes, entre ellos, algunos que se relacionan con dar prioridad para quien demuestre no tener vivienda.
En el caso de los créditos -que son “el” negocio de los bancos e instituciones privadas, por lo redituable de los intereses- también han formado parte de las prestaciones laborales; la ventaja que tiene el trabajador al recibir un préstamo de una institución social, es la de establecer un contrato de pago “blando”, pues finalmente pagará la totalidad del dinero recibido, con sus respectivos intereses. Durante mucho tiempo, los créditos que se otorgan desde instituciones públicas, fueron un bien valioso perseguido por los trabajadores, pues ser sujeto de crédito para un banco no era nada sencillo. Actualmente, muchas instituciones privadas ofrecen créditos con requisitos mínimos que, inclusive, están dispuestos a obviar para “atrapar” a un deudor.
En el mundo del magisterio y sus derechos laborales, ciertos funcionarios sindicales y sus personeros se han abrogado el derecho de adueñarse de las prestaciones y su distribución discrecional. Durante mucho tiempo y hasta la fecha, otorgar un préstamo ha sido un proceso que no responde a criterios claros de administración justa y equitativa, sino a los criterios que a discreción decidan dichos funcionarios. Así, los créditos para trabajadores han pagado favores, complicidades y lealtades.
La Ley General del Servicio Profesional Docente, con todo su discurso contra la corrupción, no la logrado erosionar el imaginario de los personajes de quienes hablamos: ellos siguen instalados en la “verdad” de que los derechos de los trabajadores de la educación les pertenecen y con ellos deben obtener complicidad y silencio. Ojalá los maestros y maestras puedan, sepan, se atrevan a hacer valer sus derechos con dignidad; recibir una prestación laboral no es una dadiva, no es un cheque con el que se paga nuestra voz.
Así, las mentalidades más cavernícolas son las que piensan que con un crédito rojo del ISSSTE pueden comprar consciencias, silencios y complicidades. ¿Qué se pude hacer ante estas situaciones? Como se ha comentado en los procesos electorales: toma lo que te den, pero vota por quien quieras. Las prestaciones son derechos del trabajador, están financiadas por sus propias cuotas, deben ser ejercidos sin miramientos cada vez que haya necesidad o oportunidad. Sin duda se debe agradecer la gestión, pero quien te quiera obligar a lealtades mal entendidas no es más que parte de la argamasa que solidifica hasta los cimientos la antidemocracia y la corrupci