Maribel Sánchez Lara, la cuestionada Rectora de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), que fue designada hace unos 8 meses sin cumplir requisitos académicos mínimos como tener cédula profesional de licenciatura, renunció y se separó del puesto en el que relevó al contador Andrés Blancas Portilla, a su vez sustituto del fallecido Guillermo Zúñiga Martínez.

Sánchez Lara fue anunciada como cabeza de la UPAV el 30 de noviembre de 2016 por el entonces gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, sin que la Junta de Gobierno, el máximo órgano de decisión dentro de esa institución, se hubiera reunido para conocer ni aprobar tal designación.

Impuesta de tal manera, su estancia recorrió un abrupto pasaje donde lo primero que fue desmentido es que tuviera el título de doctora, como se había venido anunciando, hasta revelarse que apenas en el mes de enero del presente año obtuvo la cédula tipo C1 número 10207911 de Licenciada en Mercadotecnia por el Instituto de Comunicación, Artes y Humanidades de Monterrey, A.C.

Es decir, primero fue Rectora de una institución que oferta maestrías, especialidades y doctorados y luego obtuvo su propia cédula profesional de Licenciatura.

Cuando asumió la Rectoría, se había anunciado que era licenciada en mercadotecnia, con una maestría en alta dirección de empresas por el IPADE (Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas), además de otra maestría en dirección de Instituciones Educativas, y era doctoranda en Educación, además de haber sido rectora en la Universidad del Valle de México, campus Veracruz.

Sus posgrados eran falsos.

A lo largo de los meses en que se mantuvo en el cargo, se desató un fuerte movimiento de oposición a sus políticas por considerarlas lesivas a la comunidad docente y estudiantil.

El 22 de diciembre, alumnos denunciaron ser hostigados mediante un endurecimiento de los cobros, por Carlos Villa, a quien identificaron como promotor del ex candidato del PRI a gobernador, Héctor Yunes Landa; ese mismo mes se anunció el cierre de sedes municipales y la consolidación en grupos regionales, lo que trastornaba al alumnado al alejarles sus centros de estudio, ya que el modelo original planteó llevar la educación superior a las zonas y comunidades con alto rezago educativo.

Hasta el logotipo tradicional de la UPAV fue modificado y pintado de azul, a tono con el régimen que gobierna el Estado, pese a que aquella es una institución que debe permanecer apartidista.

Además, fueron modificados los planes desmantelando el modelo educativo bajo el cual nació la UPAV como Universidad Popular.

Numerosas movilizaciones públicas se realizaron en diversas sedes en protesta por las decisiones de la nueva rectora, y en todos los casos ella permaneció ajena, sin sostener reuniones con los inconformes ni dar la cara.

Los  12 mil profesores de la UPAV,  a los que se califica como “asesores académicos solidarios”, se mantienen sin prestaciones ni seguridad social.

En junio, cuatro trabajadores de la Universidad se accidentaron cerca de Perote, y a pesar de la gravedad de las lesiones no recibieron atención médica debido a que no tienen Seguro Social.

POSIBLES CAUSAS DE LA REMOCIÓN

Toda la estructura de funcionarios de la UPAV permaneció sin definición jurídica en estos 8 meses. Los directores no recibieron nombramientos y permanecieron como encargados.

No se realizaron los pagos al personal docente y académico; se realizaron numerosas intentonas de ceses lo que derivó en movimientos para formar sindicatos y en cambio, la Rectora incurrió en gastos excesivos en rubros inconducentes con la economía, racionalidad y austeridad que debe tener una institución pública.

Como encargada de la Rectoría queda la que era encargada de la Dirección de Educación Superior, Aurora Hernández Vendrell, hasta que la Junta de Gobierno se reúna y designe a un nuevo titular.

*Texto tomado de Sociedad 3.0