Investigadores y funcionarios, ocupan a la UV para la obtención de ganancias políticas y económicas
- Domingo Canales, uno de los más beneficiados, denunciaron académicos universitarios.
Por Irineo Pérez Melo* Ahora que inicia su nueva gestión, la rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara, debe poner especial en la integración de su equipo de trabajo, porque quienes lo conforman actualmente sus formas de trabajo son anquilosadas y algunos investigadores o autoridades de la misma, ocupan a la institución para la obtención de ganancias políticas y económicas insospechadas.
Tal es el caso de Domingo Canales Espinosa, quien lleva diez años a cargo de la Dirección General del Área Académica Biológico-Agropecuaria y que, recientemente, se ostenta como defensor del patrimonio natural y cultural, refirieron académicos que pidieron el anonimato, por temor a las represalias.
Explicaron que su modus operandi es evidente como responsable operativo del convenio que sostiene la Universidad con la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), -gestionado aún con el ex Secretario Académico, Porfirio Carrillo y su mentor, Ernesto Rodríguez Luna, destituido del cargo en la Dirección General por daño patrimonial y ahora compensado como responsable del Proyecto Estrategias de Comunicación: Percepción Pública de la ampliación Portuaria de Veracruz-; acompañado, además, por Claudio Castro, actual funcionario ratificado como Coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la U.V.
En el equipo también participa el biólogo Álvaro González Christen, recién ratificado como director del Instituto de Investigaciones Biológicas y esposo de la recién nombrada Secretaria Académica, María Magdalena González Alarcón.
Los entrevistados mencionaron que no es de extrañar que el equipo, ahora liderado por Domingo Canales, aspira que la UV funja como “Acreditado ambiental”, lo cual ha redundado en altos costos para la Máxima Casa de Estudios.
Indicaron que como antecedentes, la acreditación ambiental para el cumplimiento de términos y condiciones de proyectos petroleros en Poza Rica-Altamira, la elaboración del Sistema Estatal de Espacios Naturales Protegidos, el Programa de Reforestación Estratégica en el Estado de Veracruz y el Convenio de Diversificación de Cafetales de baja altitud (DIPROCAFÉ).
Mencionaron que al igual que ha ocurrido con otros grandes proyectos en la entidad veracruzana, los productos de las investigaciones únicamente mejoran las condiciones económicas de los involucrados, sin repercusión positiva en las políticas de gobierno para atender las precarias condiciones ambientales en las que se encuentra Veracruz. El sueldo de los académicos, que se paga con el erario público, se ve además enriquecido con la venta de sus investigaciones.
En el caso del Convenio con APIVER, se informó, la venta de estas investigaciones tiene su historia, que puede ser contada haciendo un seguimiento de la creación de empresas tales como Argo Consultores S.A. de C.V., en la cual el Dr. Arturo Gómez Pompa es consultor asociado, mientras que su hijo Arturo Gómez Barrero funge como representante legal.
Cabe hacer mención que uno de los denunciantes públicos de estos abusos ha sido el Dr. Hipólito Rodríguez, presidente electo a la alcaldía de Xalapa quien ha señalado los agravios desde el Foro Ciudadano para la protección del Sistema Arrecifal Veracruzano, el cual se ve ahora amenazado para favorecer los millonarios intereses económicos involucrados en la ampliación del Puerto de Veracruz.
Es así que al tiempo que APIVER paga importantes sumas de dinero por hacer las manifestaciones de impacto ambiental correspondientes, dicha empresa acomoda los resultados haciendo parecer que el proyecto es viable y no daña de manera importante a los ecosistemas acuáticos. Total, que al final de cuentas, siempre habrá un proyecto de remediación que se pueda impulsar para “arreglar” aquellos desperfectos que surjan, el cual por supuesto tampoco será gratis.
La postura sostenida por Domingo Canales hace unos días, rechazando el proyecto Caballo Blanco impulsado por la empresa canadiense Goldgroup Mining Inc. en Alto Lucero, Veracruz, acompañado por asociaciones civiles, el Instituto de Ecología A.C. y un grupo de investigadores no es gratuita; en breve presentará proyectos de monitoreo, remediación, debates científicos, estudios de percepción, todo para erigir a la Universidad Veracruzana como el eterno acreditador ambiental, eterno…así como lo es él en el puesto al que se aferra, señalaron por último.