‘Financieras’ atracan a maestros
Por Alvaro Belín*
Desprotegidos por los sindicatos magisteriales y despreciados por las autoridades educativas, muchos profesores son presas del abuso de empresas ‘financieras’ que les ofrecen créditos sin casi ninguna garantía, aunque si no saben cómo manejar los empréstitos pueden caer en las fauces de empresas inescrupulosas, capaces de dar mordiscos a sus quincenas dejándoles apenas un testimonio morboso de su salario. Un peso, por ejemplo.
Desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán, los profesores han sido víctimas de esas empresas y, también, de las propias autoridades estatales; mientras las primeras, si se dejan los mentores, son capaces de absorber hasta más del 99 por ciento de las precepciones, las segundas, encargadas de retener las sumas comprometidas para el pago de créditos, simplemente no transfieren las cantidades a las acreedoras dejando a los maestros en buró de crédito.
Tanto la administración de Fidel Herrera Beltrán como la de Javier Duarte de Ochoa hicieron del robo a profesores una verdadera mina de oro. Todo el dinero retenido para el pago de créditos, según convenios firmados entre autoridades y empresas, se fue en esos sexenios a los bolsillos de los funcionarios.
Cuando se dieron cuenta, maestros (y también trabajadores del sector Salud) recibieron requerimientos de pago, acciones para recuperar vehículos y otros productos financiados y la notificación de que estaban en buró de crédito no porque se hubieran negado a pagar (de hecho, cada quincena les eran retenidos los montos de esos pagos) sino porque la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) no había transferido esos montos a las financiadoras ¡durante años! Con ello, ambos gobiernos robaron en despoblado tanto a los trabajadores públicos como a las empresas acreedoras, algo que no sabemos cómo finalmente terminó.
A raíz de esa experiencia, las Sofoles (sociedades financieras de objeto limitado) idearon mecanismos que podríamos catalogar como draconianos para asegurar el retorno de los recursos otorgados a sus ‘clientes’, como la domiciliación de sus cobros o los descuentos en nómina sin apegarse a la norma que establece que solo se puede afectar el salario hasta 30 por ciento de su monto.
Pero las cosas han llegado muy lejos y las financieras están afectando ya a las familias de muchos trabajadores de la educación, quienes reciben la noticia de que solo cuentan con un peso en su tarjeta de nómina.
Macabros descuentos, acuerdos corruptos
Desde enero pasado, unos 300 profesores cobran solamente un peso en su cheque de nómina, gracias a un descuento de un préstamo del que solamente recibieron el 40 por ciento en su nómina y que se les ha convertido en una deuda impagable.
Una nota publicada originalmente en el portal La Nigua (y reproducido por MS Noticias, primero, y La Jornada Veracruz apenas este miércoles) señala que los profesores consultados comentaron que en diciembre de 2016, un grupo de profesores de Secundarias Técnicas, en particular de la Secundaria Técnica 130 del Puerto de Veracruz, comenzaron con el rumor de que el gobierno federal prestaría apoyos financieros a profesores, a “fondo perdido”, para profesores de sistemas federal y estatal, a través de la empresa Financiera Reyan, S.A. La especie fue divulgada con enjundia por tres profesores cuyos nombres (Lilian, Alfredo y Sofía) no fueron acompañados por sus apellidos, pero dan su servicio docente en la Técnica 130, y quienes fueron los promotores del financiamiento, por lo que fueron quienes recibieron la documentación y quienes canalizaron a los interesados para recibir las cantidades solicitadas, que iban de los 10 mil hasta los 300 mil pesos.
Muchos profesores, ciertamente, fueron engatusados con el señuelo de que serían a fondo perdido; esto quiere decir que si dejaban de pagar, los acreedores, pasado un tiempo, dejarían de corar. Pero esto, de entrada, tuvo un precio: los promotores debían recibir 100 pesos por cada mil prestados; para colmo, además de esa pequeña sangría, tenían que depositar 500 por cada mil pesos en una cuenta bancaria a nombre de Gustavo Iván Duque-Pue Hernández, dueño de Financiera DPH, por supuesta intervención en el otorgamiento del apoyo a fondo perdido. Hasta aquí, las cosas ya cobraban niveles de terror y engaño, pero muchos profesores creyeron en las bondades del ‘gestor’ sobre recursos federales que aparentemente iban a beneficiarles… a medias, bueno, a menos, pues solo quedarían con el 40 por ciento del préstamo, que deberán pagar completo y con intereses.
Los formatos los llenó Aníbal Duque-Pue Hernández, hermano de Gustavo Iván. Los descuentos se iban a realizar “domiciliados”, pero se les iban a regresar vía nómina, porque eran a fondo perdido. Tras un tiempo, los asesores de Financiera Reyan les indicaron cambiar de banco, y fue entonces cuando sus descuentos comenzaron a ser vía nómina, primero en porcentajes bajos que fueron creciendo hasta llegar al 100 por ciento de los montos nominales desde enero.
Tarde se han enterado de que el dinero no es de fondos federales sino de las empresas financieras Promobien, de Famsa; Financiera Maestra, Financiera Fortaleza, Financiera Peven, Financiera Consupago y Financiera Impulsora. Cuando han ido a pedir explicaciones les han mostrado documentos en donde ellos autorizaron a las financieras que la SEV les aplicará los descuentos; los afectados alegan que las firmas son falsas y que los documentos presentados ante la SEV no fueron firmados ni autorizados por los mentores.
Los afectados se han organizado para entrevistarse con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y denunciar al departamento de nóminas de la SEV, de estarles robando su salario, en contubernio con Reyan y DPH, pero al menos a dos los han amenazado ya.
Según la nota periodística de La Nigua, Gustavo Iván Duque-Pue Hernández, dueño de Financiera DPH, aparece en la página electrónica Buho Legal donde se señala que tiene problemas de denuncias desde 2012, demandado por Comercial e importadora Sonorense S.A. de C.V., por procesos civiles y administrativos, y en sus perfiles de redes sociales aparece como asesor de ventas de Sihpac, S.A. de C.V., Venta de autos, y director de Financiera DPH.
Los afectados que planean pedir audiencia ente Yunes Linares son trabajadores de escuelas estatales y federales de Paso del Macho, Purga, Soledad de Doblado, Tepatlaxco, Huatusco, Veracruz puerto y Xalapa.
Para que se dé una idea del grave problema en que cayeron, bajo engaños, los profesores, baste mencionar que los intereses que se les cobra por el 100 por ciento del monto del crédito (aunque el 60 por ciento quedó en manos de compañeros suyos y del dueño de Financiera DPH) son enormes: “por 16 mil pesos, pagaremos con intereses, al final, $54,878.40”, dicen, mostrando documentación. Y acusan que el departamento de Nóminas de la SEV debió haberse coludido, porque aceptaron documentos apócrifos y están dejando sin comer a los trabajadores de la educación.
*Colaboración.