El resultado es que no hay resultado
Por Artemio Ríos Rivera y Sandra Ortiz Martínez*
La Reforma Educativa (RE) instaurada a través de la Ley General del Servicio profesional Docente (LGSPD), en su faceta más claramente laboral, plantea la evaluación del personal de la Secretaría de Educación Pública (SEP): docentes, directivos y asesores técnicos pedagógicos (ATP). Los resultados de las evaluaciones propuestas tienen efectos inmediatos: capacitación, permanencia en la función, ingreso o no al servicio, promoción a nuevas categorías, aumento en el salario. No podemos negar el impacto laboral de la evaluación docente. En este momento nos avocaremos a la situación de los ATP.
Como parte del calendario de evaluaciones programado por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) y la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD), el pasado 11 de agosto de 2017 se debieron dar a conocer los resultados de la Evaluación del Desempeño del personal docente con funciones de Asesoría Técnica Pedagógica, junto con un paquete de otros resultados, de otras evaluaciones.
El INEE informó a los participantes su decisión de no autorizar el proceso de calificación. El argumento: “la evidencia empírica que resultó del análisis psicométrico de los instrumentos de la tercera etapa de dicho proceso, una vez que fueron aplicados, muestra que éstos no cumplen con los criterios técnicos establecidos por el Instituto, por lo cual la integración de los resultados de la evaluación no sería válida para determinar las competencias objeto de esta evaluación.” En esta evaluación está implicado personal de todo el país y de todos los niveles y modalidades de educación básica. Una información tan relevante no la dio a conocer a la sociedad, sino a los participantes en lo individual
La evaluación constaba de tres etapas: informe de responsabilidades profesionales; proyecto de intervención del ATP y; examen de conocimientos y habilidades para la asesoría. El informe eran un par de encuestas aplicadas al evaluado y a su jefe inmediato superior para valorar cómo asume el ATP su trabajo en las escuelas de la supervisión a la que está adscrito; el proyecto implicaba el acompañamiento puntual a un docente frente a grupo, de la zona escolar, en la perspectiva de la mejora continua de lo que sucede en el aula con los alumnos; finalmente el examen, elaborado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). Éste último es la parte del proceso que cuestiona el INEE y por lo que decide anular los resultados. Así, los evaluados el pasado ciclo escolar tendrán que repetir la evaluación en el ciclo que recién inicia.
Una de las dudas es: ¿se invalidan todas las etapas o sólo la tercera? Los participantes en la evaluación ¿sólo presentarán, nuevamente, el examen o todo el proceso? Esa es una duda que debe aclarar ampliamente el INEE no sólo a los evaluados, sino a la sociedad en general.
Una decisión de afectación nacional, de la magnitud que estamos viendo, no la toma el Consejero Presidente del INEE o su Junta de Gobierno, lo comunica a la SEP y ya. Un acuerdo de esas características implica, necesariamente, a varias instancias del País.
La negociación política para tomar la decisión de anular los resultados debió ser difícil. No hay que ser ingenuos. No es creíble que el problema sean los instrumentos de la tercera etapa. No autorizar el proceso de calificación es simple y sencillamente NO AUTORIZAR LA CREACIÓN DE LA CLAVE Y CATEGORÍA DE ATP. Este proceso ha tardado muchos años y tendrá que seguir esperando. ¿Quiénes son los responsables del tal determinación? El INEE, el SPD, CENEVAL, la SEP, el Gobierno de la República y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), claro.
Si bien es cierto momentáneamente no se afecta la permanencia del personal en la función, también es cierto que su permanencia mantiene el carácter de “comisión” contraviniendo los tiempos que marca la Ley del SPD. Si bien es cierto hay una compensación económica que se mantiene y que aumenta, sigue siendo provisional; además, no se otorga el aumento salarial a los ATP que hubieran logrado un resultado sobresaliente, contraviniendo por enésima vez las reglas del juego puestas sobre la mesa por las autoridades del país.
Así, seguimos con una Reforma Educativa que no responde a un consenso nacional sino a un proyecto cupular para garantizar los mandatos de los organismos internacionales (OCDE, FMI…). Es imposible negar el carácter laboral de la RE, la flexibilización de la contratación docente es la muestra más palpable de la afirmación. La reforma ha ido a los tropezones, mostrando a cuentagotas sus propuestas académicas (que muy poco o nada tienen de innovadoras); a estas alturas no tiene los materiales didácticos necesarios para el trabajo de los maestros en las escuelas. No se han cumplido ni los plazos ni las leyes que la sustentan.
Por otro lado, pero en el mismo sentido, de acuerdo a los Lineamientos Generales para la prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) en la Educación Básica, las supervisiones escolares deberán contar con: dos ATP por promoción, que son los que se evaluaron en este momento para la permanencia en la función; de uno a tres asesores técnicos pedagógicos por reconocimiento, y; un ATP Director. Estos dos últimos, los ATP por reconocimiento y directivos, todavía no inician sus procesos de selección e incorporación a las actividades propias de esa función. La anulación de los resultados de los que hemos venido hablando y la posposición, al menos por un año, de la creación de las Claves y Categorías de ATP que ya fueron seleccionados por promoción, implican nuevas dudas que deben ser aclaradas por la autoridad: ¿Se pospone también todo el proceso de incorporación de las otras figuras? ¿Por cuánto tiempo? ¿Es una posibilidad real? o ¿no les salieron las cuentas y no pueden cumplir lo prometido?
Es como si un director hiciera promesas alegres a sus compañeros a sabiendas que ya se va de la escuela. A él no le tocará cumplir lo prometido, lo sabe. Si el nuevo directivo no cumple las promesas, por las razones que sean, tendrá argumentos para decir que era necesaria su continuidad, justificará su necesidad de regresar a dirigir al colectivo.
Antes de concluir es necesario reconocer que hay cosas que quedan fuera de este artículo. Como las ineficiencias que la autoridad mostró durante el proceso: como los cambios de versiones, de última hora, de los documentos rectores; el mal funcionamiento de las plataformas para subir los trabajos; la capacitación tardía, alineada al proceso de evaluación; entre otras situaciones a enumerar.
Una vez más la sociedad mexicana es burlada impunemente por sus gobernantes. Sin duda nos podemos equivocar en el análisis, habrá quien diga que exageramos la nota. Al menos es claro que hay interrogantes por resolver: ¿La autoridad educativa aclarará las dudas que se están planteando el respecto?, ¿Medidas así siguen deslegitimizando a la RE? ¿Existirá sensibilidad política para dar respuestas positivas a los docentes que se están inconformado con esta medida? ¿Qué acciones tomarán los afectados ante tal situación? Las dudas se irán despejando poco a poco. Ojalá ganemos en certeza después de esta incertidumbre.
Las autoridades deben recordar que por primera vez tienen un cuerpo de ATP a nivel nacional, que no están en la función gracias a la corrupción, que todos ganamos un lugar vía un concurso y que no le “debemos” el lugar sino a nuestro trabajo.