El fraude de la evaluación de docentes
Martha de Jesús López Aguilar*
Fue frustrante y decepcionante la estancia de más de 2 mil personas de distintas partes del país a partir del 28 de noviembre de 2015 para realizar funciones de evaluadores. Para empezar, la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente les mintió al decirles un día antes que se trasladaran a la ciudad de México para continuar con el proceso de certificación y tener un curso de capacitación, pero era ya para evaluar “productos” que subieron los maestros como evidencias de su trabajo docente.
Hubo evaluadores que pagaron su transporte con la promesa de que en enero de 2016 se los repondrán. También se incluyó alimentación y hospedaje en el Hotel Crowne Plaza, frente al World Trade Center, lugar donde los concentraron durante una semana para hacer el trabajo de evaluación en un horario de 9 a 20 horas para revisar 20 productos por día.
Además, a este derroche hay que sumar los más de 9 mil millones de pesos gastados en viáticos, alimentación y combustibles para la Policía Federal de enero de 2013 a agosto de 2015 para tareas de vigilancia y contención de las protestas. Siendo las evaluaciones más caras hechas en México, ese dinero podría servir para mejorar la infraestructura de cientos de escuelas y no endeudarse con la Bolsa Mexicana de Valores con los llamados bonos de infraestructura educativa, recién anunciados por Nuño Mayer.
Los evaluadores esperaban un gran recibimiento y reconocimiento por haber logrado certificarse, pero ni la SEP ni el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) lo hicieron, sólo los recibió el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval). Después de tres días no habían podido iniciar la evaluación, porque no tenían la infraestructura adecuada, no contaban con los recursos materiales y humanos para llevar a cabo este proceso. Ante la falta de personal, el INEE contrató a un grupo muy nutrido de personas que apoyaron este proceso de evaluación, como reconoce en su comunicado número 38, aunque surgen las dudas de si eran maestros y si fueron capacitados y certificados.
Todo es una simulación y un proceso irreal, francamente ficticio porque las autoridades tienen que justificar que evalúan, aunque subir evidencias no tenga una fundamentación de lo que el maestro trabaja en el grupo, o no sea capaz y pague a alguien para que le suba las evidencias, o éstas no sean de sus alumnos, por lo que incurre posiblemente en copiarlas o inventarlas. Eso no habla realmente del nivel de desempeño que tiene el maestro. Además, hay quienes hacen una planeación argumentada que cubre los requisitos, pero no corresponde a lo que están viviendo en el aula. En cambio hay maestros que trabajan mejor en el aula y quizás no tienen la capacidad de desarrollar un tema o de argumentarlo. ¿Cómo evaluar una situación de aprendizaje si el evaluador no conoce ese contexto? ¿Cómo exigir una buena planeación si la SEP no preparó a los maestros, ni dio elementos para hacerlo, y tampoco los capacitó? Y sin embargo, de la presentación de evidencias, de una planeación o de un examen estandarizado depende su permanencia en el empleo, aunque existan problemas técnicos donde las computadoras no funcionan, son insuficientes o no podían entrar al sistema mientras el tiempo transcurría y se perdía la oportunidad.
Sólo se evaluó la parte administrativa y no la pedagógica del trabajo del maestro, siendo injusto porque la permanencia depende de la subjetividad de los evaluadores. Con ello se incumplió la aplicación de una evaluación formativa e integral, que garantice “transparencia, objetividad y calidad”, donde los evaluadores capacitados y certificados deberían visitar cuando menos una escuela por semana para que la evaluación fuera más objetiva y real del trabajo docente en su contexto.
El INEE se vio rebasado; pese a que según la ley era el responsable de diseñar las evaluaciones, fue el Ceneval quien dirigió este proceso. Aunque no tiene experiencia de evaluar el desempeño docente, fue quien manejó las rúbricas, teniendo una actitud policiaca, pues impuso una vigilancia estricta en el manejo de su contenido, porque es allí donde están los elementos claves considerados en la planeación del maestro.
A los evaluadores les hicieron firmar una carta de confidencialidad, con el compromiso de que no saldría esa información de allí. Les pagaron a destajo por producto; lo peor no es qué, cómo o cuánto evalúen, lo peor es que representa un gran fraude al no tener repercusión en las escuelas, ni trascendencia alguna en la transformación educativa, y sí el argumento para desemplear a miles de maestros.
Pese al caos e incongruencias existentes en la aplicación de la evaluación del desempeño docente, el INEE trata de justificar esta situación que los ha rebasado sin reconocer que no está funcionando dicho proceso. Si fueran honestos tendrían que recomponer ese afán autoritario de decir que se tiene que cumplir la ley a como dé lugar, y asumir su responsabilidad al transitar de una actitud impositiva a una propositiva.
De lo contrario, con este tipo de simulación de la evaluación del desempeño docente, la reforma educativa está destinada al fracaso sin una mejora real, porque la calidad educativa es lo que menos le interesa al gobierno mexicano.
* Profesora normalista de la sección 9 de la CNTE