En medio de la discusión sobre el informe que emitió el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que reconoció que el 74 por ciento de las armas de fuego recuperadas en México provienen precisamente del país del norte, se recordó las múltiples demandas que el entonces gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió en contra de los fabricantes de las mismas.

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Dicho tema se trató por primera vez en agosto de 2021, cuando Méxicodemandó a empresas fabricantes y distribuidoras de armas en una Corte Federal en Boston, Massachusetts; aquella ocasión, Marcelo Ebrard, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que la prioridad era reducir la violencia y para ello se requería un esfuerzo en el control de tráfico.

La demanda civil por daños fue en contra de ocho empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, que por negligencia facilitaban su adquisición y posteriormente eran traficadas a México, donde son empleadas por miembros del crimen organizado.

Demandas de AMLO contra fabricantes de armas

Tiempo después, en octubre de 2022, se presentó una segunda demanda ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona, en contra de tiendas que comercian armas. Adicionalmente, en noviembre del mismo año, México solicitó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva con relación al comercio de armas y su impacto en los derechos humanos.

Poco antes de que López Obrador dejara el cargo, en agosto de 2024, un juez en Boston desestimó la demanda judicial presentada por México contra seis de las ocho empresas de armas por problemas jurisdiccionales.

En la audiencia del 14 de agosto del año pasado, México destacó que analizaba las alternativas legales a seguir y se pronunció a favor de que el juicio prosiga su curso contra las dos empresas sobre las cuales continúa la demanda: Smith & Wesson Brands, cuyas armas constituyen el mayor número de aseguramientos, y Witmer Public Safety Group.

Demandas contra armadoras, calificadas como un “parteaguas”

Ya con Claudia Sheinbaum Pardo al mando, la Suprema Corte de Estados Unidos aceptó una solicitud de Smith & Wesson e Interstate Arms para revisar si las demandas del Gobierno de México suponían una violación a las leyes estadounidenses que blindan a las armadoras; no obstante, solo se determinó que estas solo suponen de momento un “parteaguas” en la discusión global.

La SRE indicó en un comunicado:

“Las demandas presentadas por México han recibido reconocimiento internacional y son consideradas un parteaguas en la discusión sobre la responsabilidad de la industria de las armas en la violencia que se vive en México y en la región”.

(sinlinea).