Taboada compró patrullas a sobrecosto a través de funcionario del Cártel Inmobiliario

En noviembre de 2018, el Gobierno de la Alcaldía Benito Juárez compró 77 vehículos, al menos 33 de ellos con un sobreprecio. Uno de los responsables de este contrato fue Ismael Chalico García, director ​​ de Administración, de Recursos Materiales y Servicios Urbano de la Alcaldía, quien en el marco de las investigaciones del Cártel Inmobiliario ha sido señalado de ser un prestanombres de altos funcionarios de la demarcación. En tanto, la empresa que brindó el servicio ha sido ligada a un esquema de triangulación de recursos al que presuntamente pertenecería el panista Roberto Gil Zuarth.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– Clara Burgada Molina, la candidata de la izquierda en la Ciudad de México, denunció la noche del 21 de abril otra trama de corrupción cometida por Santiago Taboada Cortina, el abanderado del PRI y PAN, durante su gestión en la Alcaldía Benito Juárez, relacionada con la compra a sobreprecio de vehículos la cual llevó a una investigación de la Contraloría, de la Auditoría de la capital, al cese de dos funcionarios y a una indagatoria en la Fiscalía de la Ciudad de México, un caso con personajes vinculados al Cártel Inmobiliario y a la triangulación de recursos.

“Su programa estrella Blindar, que poco contribuye a la seguridad, es la caja negra de la corrupción. A finales de 2018, Taboada gastó 95 millones de pesos para comprar 77 vehículos, cada patrulla con valor de 350 mil pesos la pagó en 1 millón 300 mil pesos, embolsándose un millón de pesos por cada unidad, esto fue observado y auditado”, señaló Brugada Molina durante una de sus intervenciones en el segundo debate chilango. Al término del acto, Taboada Cortina desestimó la acusación y apuntó que es algo que la Fiscalía lleva investigando desde hace cinco años.

Lo cierto es que la propia documentación de la gestión de Santiago Taboada muestra el costo a sobreprecio de patrullas a finales de 2018. Se trata del contrato DGA/R-017 A03/2018, por medio del cual se adquirieron 13 patrullas pick up Nissan P300 de doble cabina cuyo costo del modelo de ese entonces en el mercado era de 350 mil pesos, equipadas con torreta, sirena y bocina, que en Internet tienen un precio aproximado de 15 mil pesos.

Fue El Financiero el que en febrero de 2019, dos meses después de que se celebrara el contrato, exhibió estos costos demás. El diario también consignó cómo la compra de 20 motocicletas Yamaha Tenere 250cc 2018 tuvo un costo por encima del mercado, pues se pagaron cada una en 289 mil 500 pesos, cuando su precio comercial era de 89 mil 999 pesos por cada una más los 95 mil 443 pesos del equipamiento.

Ese contrato que contempló la adquisición de otros vehículos ascendió a 80 millones de pesos y fue firmado en noviembre de 2018. El responsable por parte de la Alcaldía fue Ismael Chalico García, director ​​ de Administración, de Recursos Materiales y Servicios Urbano de la Alcaldía, quien en el marco de las investigaciones del Cártel Inmobiliario ha sido señalado de ser un prestanombres de altos funcionarios de la demarcación.

Chalico García también fue asesor del exalcalde Christian von Roehrich, detenido por la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez, y sentenciado apenas el 27 de febrero pasado por los delitos de asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones y facultades.

En junio de 2021, la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México informó que dos funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez, relacionados con la compra de vehículos con sobreprecio, fueron cesados, mientras que Chalico García, quien fue contralor interno del órgano político-administrativo y posteriormente ocupó la dirección general de administración, promovió un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Del otro lado, la empresa con la que se celebró el contrato fue Grupo Empresarial Jerome de México S.A. de C.V, una firma que en junio de 2022, el periodista Miguel Badillo, de Contralínea, ligó a un presunto esquema de triangulación de recursos que involucraba a los panistas Roberto Gil Zuarth, Germán Martínez Cázares, Luis Fernando Salazar y Jorge Luis Lavalle.

La revista Contralínea consignó que en la carpeta de investigación FECC/FECC//FECC-CDMX/0000776/2020, abierta en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se detalla la constitución y operación del despacho Accuracy, el cual recibe recursos millonarios a través de un esquema que la UIF considera ilegal por haber una “triangulación entre empresas”, incluidas factureras. Una de estas empresas, según esta investigación, era Grupo Empresarial Jerome de México, el cual realizó cinco transferencias por 500 mil pesos cuyo beneficiario fue Gil Zuarth.

Las irregularidades detectadas en este contrato llevaron a que el Congreso de la Ciudad de México aprobara en febrero de 2019 un Punto de Acuerdo para que la Contraloría capitalina investigara y sancionara la adquisición a sobreprecio de estos vehículos. Dos meses después la Contraloría informó que se radicó el expediente administrativo número CllBJUlDl110l2019, en el que se ordenó practicar las diligencias que permitan determinar la existencia de presuntas responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos adscritos a la Alcaldía Benito Juárez.

Fue en junio de ese año cuando la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México (SCG) informó que dos funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez, relacionados con la compra de vehículos con sobreprecio, fueron cesados de sus cargos, mientras que Ismael Chalico García excontralor interno de BJ y director general de administración al momento de la compara, promovió un recurso.

En la investigación se determinó que la Alcaldía pagó montos por arriba del valor de venta al público al adquirir varios artículos, entre ellos motocicletas en 289 mil 500 pesos, cuyo precio al mercado es de 123 mil 100. La Jornada consignó en ese entonces cómo la Contraloría determinó que los sobreprecios pagados por la Alcaldía no se justificaban aun con el equipamiento de las unidades.

Por este mismo caso, la Auditoría Superior de la Ciudad de México realizó la auditoría ASCM/54/18 en la que en otras cosas se identificó una diferencia en los montos registrados de los bienes adquiridos y los montos establecidos en el contrato núm. DGA/R-017-A03/2018 (54 unidades vehiculares) por 79,99.8 miles de pesos, así como de su primer convenio modificatorio (13 unidades vehiculares) por un monto de 15,360.1 miles de pesos y de su segundo convenio modificatorio (10 unidades vehiculares) sin valor.

A estas diligencias se sumó la que confirmó la Fiscalía capitalina.

“Tenemos una investigación, se ha hecho una serie de avances y tenemos ya algunos dictámenes concluidos al respecto. De hecho, se hizo necesario que se pudieran presentar los diferentes vehículos, no solamente había sobreprecio, sino había duplicidades, estamos concluyendo, porque haremos también igualmente la imputación correspondiente”, expuso en conferencia de prensa el encargado de despacho de la FGJ, Ulises Lara.

• Sin embargo