La oligarquía y sus cautivos voluntarios
Mario Mijares
La oligarquía local, conocida como iniciativa privada con las siglas IP, cuando estornuda, de inmediato una gran cantidad de sus cautivos (esclavos) voluntarios empieza a repetir e imitar sus acciones. En días pasados, después de no llegar a un acuerdo con Germán Larrea, director ejecutivo de Grupo México, para que la Secretaría de Marina Armada de México inicie operaciones en el corredor transístmico, se llegó a la determinación de intervenir temporalmente los tres tramos de Ferrosur, propiedad de Grupo México.
Ante esta situación, un ataque virulento y sistematizado por parte de los medios de comunicación, las redes sociales y los sectores favorecidos por el antiguo régimen, no se hizo esperar.
Cabe destacar que la vía fue concesionada durante el ciclo del neoliberalismo, emplazamiento que es estratégico para la nación, pues es la conexión entre el Golfo de México y el Pacifico, pues es por donde pasa todo tipo de mercancías. Pero además atraviesa por zonas militares como navales estratégicas y, por tanto, es de Seguridad nacional.
Germán Larrea es presidente del Consejo de Administración y CEO de Grupo Ferroviario Mexicano desde 1997, y también es presidente del Consejo de Administración y Director General de Empresarios Industriales de México, Compañía Perforadora México y de la Compañía Constructora y Fondo Inmobiliario de México, desde 1992. Ha sido acusado en numerosas ocasiones por irregularidades de diversa índole.
Frente a todo ello, Andrés Manuel López Obrador envío un Decreto donde declara que esa zona es de utilidad pública. Ante ese hecho, la oligarquía y sus secuaces pegaron el grito en el cielo, anunciando a los cuatro vientos que se trata de una EXPROPIACIÓN, ¡LO CUAL ES FALSO!
Resulta increíble que cuando los presidentes tecnócratas y panistas privatizaron un porcentaje alto de los bienes de la nación, ningún diario o grupo señaló esa gravedad. Por su parte, el Lic. Adán López, secretario de gobernación, rechazó que sea una expropiación, lo que sucedió es que la empresa de Ferrosur declaró que la decisión del gobierno federal fue sorpresiva, después de que se tardaron en reaccionar ante la petición de un acuerdo firmado por el Ejecutivo Federal.