El PRI y la reforma educativa

Por Wenceslao Vargas Márquez*

La reforma educativa es un banco de tres patas: la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

La ley docente es la que más lastimó al magisterio en sus derechos adquiridos. Por un lado le quitó el derecho, derecho legal (sic, para explicarme), derecho adquirido, escrito en el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que decía, y sigue diciendo pero ya no para los maestros, que en las listas de vacantes los sindicatos podían proponer a la mitad de ellas. Por otro lado obligó al personal docente antiguo a evaluarse, mediante una evaluación que no evalúa (sic, para entenderle) como única vía para permanecer en el empleo. Ambas medidas las impulsó el PRI y las consintió el SNTE, con el señuelo de que nos convenía, que, en buen plan, cómo no se nos había ocurrido antes.

El lector puede corroborar haciendo memoria, que de las dos cosas que hemos anotado, la primera, la propuesta de hijos para vacantes, ley federal perfectamente válida y vigente, es de la que menos se ha quejado el zarandeado magisterio. Ha sido una mínima parte del debate, o no ha sido parte. En cambio, el maltratado magisterio se ha quejado hasta el cansancio de la evaluación que no evalúa porque no toma en cuenta el trabajo diario del docente (puntualidad, asistencia, 200 días, compromiso social, atención a padres, en el llamado Informe de Responsabilidades Profesionales) ni usa la evaluación en el aula (porque es muy cara, dijo Schmelkes a mediados de 2017). La queja se acentúa porque esa evaluación es el criterio para permanecer en el empleo o no, y quien no la presente resulta cesado.

Porque la queja tiene fundamento y la evaluación debía corregirse es que, gracias al INEE, la evaluación no fue obligatoria en 2016 porque iban a componerla, según. La filantropía del INEE, que cancelaba una prueba que no servía, no abarcó a todos: fue optativa para unos y obligatoria para otros (fue obligatoria para los “reprobados” de 2015). A este hecho, el que fuese optativa para unos y obligatoria para otros, y recordando a Borges, le llamamos desde este espacio, en septiembre de 2016, La atroz filantropía del INEE y La curiosa variación filantrópica del INEE. Por supuesto que el INEE nada arregló: comprimió las etapas, le puso harina, y la devolvió al ruedo, igual que antes. Sigo a Esopo en latín: Parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Pero es el caso que el jueves 25 de enero el PRI veracruzano impulsó en la legislatura local, para sorpresa del respetable (ni tan sorpresa, le urge el voto magisterial), que se modifique el tercero constitucional para cancelar y desaparecer para siempre la evaluación que el PRI siempre defendió como partido y como gobierno. El 31 de enero se discutió y aprobó en plenaria, y su destino es la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. ¿Qué le espera a la iniciativa en la capital? Le espera una cámara federal saturada de compromisos previos, en plena campaña presidencial (supuestamente precampaña), y en el chapulineo de muchos de sus integrantes.

Siguiendo a una revista especializada (bit.ly/2EEiVKI), lo que le espera a la iniciativa del PRI jarocho contra la reforma educativa, secundada por las dos secciones del  SNTE local, es lo siguiente: el Congreso federal tiene que definir unos 60 nombramientos a diversos cargos y por discutir alrededor de 4,500 iniciativas. Debe nombrar Fiscal General de la República, lo que corresponde al Senado, fiscal anticorrupción, 18 magistrados electorales de tribunales locales, 18 magistrados especializados en anticorrupción para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ocho magistrados agrarios, al titular de la Auditoría Superior de la Federación, a los titulares de los órganos internos de control de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Deben reformar el artículo 102 constitucional para que los fiscales sean autónomos e independientes, legislar la publicidad gubernamental por orden de la Suprema Corte de Justicia, dictaminar las iniciativas presidenciales sobre mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y mecanismos alternativos de solución de conflictos y hacer reformas al sistema de justicia penal.

Todo esto más la reforma constitucional que pretende el PRI de Veracruz para destroncar la reforma educativa tal como se le conoció. ¿Tendrán tiempo? Nuestra respuesta es que sí, si lo que pretende el PRI es quitarle banderas al más fuerte aspirante presidencial que es el de Morena. Una cosa más: la iniciativa del PRI no tiene ningún otro destino que lograr la reforma constitucional del artículo tercero, y nada más que eso. O la logra o no la logra, y no hay puntos medios. Si el PRI logra la reforma constitucional (en la coyuntura de un congreso nacional electoral del SNTE a realizarse el 12 de febrero), le quitará una bandera a López Obrador, quien el día 10-11 de febrero, desde Zacatecas, propondrá un pacto con el magisterio nacional en torno a la reforma educativa.