Pensiones limitan la operación de universidades públicas estatales

Por: Emir Olivares Alonso.

El sistema de pensiones y jubilaciones en las universidades públicas estatales está al borde del colapso. Hoy día estas casas de estudios destinan en promedio 30 por ciento de su presupuesto de nómina a los jubilados, lo que comienza a limitar su operación para cumplir sus principios básicos: calidad en docencia e investigación, ampliación de la matrícula y difusión, entre otros.
Expertos de diversas instituciones educativas y especialistas en la materia señalaron lo anterior durante el Foro para el análisis y propuestas de mejora de los sistemas de pensiones en las universidades públicas estatales, convocado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), efectuado ayer.
Francisco Aguirre Farías, director general de Valuaciones Actuariales del Norte –que ha trabajado con varias instituciones para analizar el problema– señaló que el déficit salarial de las universidades por este tema es de 241 mil millones de pesos.
Hay casas de estudios, dijo, que ya gastan en los pensionados el equivalente a 80 por ciento de sus recursos de nómina para el personal activo, y en los próximos años, otras tantas universidades estatales llegarán a 70 o 75 por ciento de ese presupuesto.
El especialista afirmó que hay varios conflictos en este tema, pero uno de los principales es que la ley permite a los servidores públicos –incluido el personal docente y administrativo de las universidades– retirarse a los 45 años de edad, lo que genera un gran gasto.
Los jubilados del sector universitario, mencionó, representan 13 puntos del PIB. Por ello propuso modificar la Constitución y generar una “ley marco” consensuada para que cada institución pueda elegir la mejor opción: cambiar radicalmente las condiciones de su actual personal, imponer un tope de edad para la jubilación o crear cuentas individuales –tipo Afore– a las que aporten los trabajadores, entre otros.
También planteó la necesidad de que un grupo interdisciplinario de expertos en seguridad social estudie todos los sistemas de pensiones del país y sus fallas, y elaboren una serie de propuestas de norma; que una comisión de rectores, líderes sindicales, representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Anuies analicen esas propuestas, se trabaje en la ley marco y con ella cada rector acuda con los legisladores de sus estados para definir las mejores opciones.
El secretario general de la Anuies, Jaime Valls Esponda, propuso crear un fondo especializado para atender los sistemas de pensiones de las instituciones públicas de educación superior, las cuales se ven gravemente afectadas en sus finanzas y empiezan a limitar su operación académica.
Se pronunció por superar el enfoque según el cual cada institución de forma aislada atiende el problema y optar por la atención integral a las universidades públicas, por lo que se debe convocar a todos los actores involucrados a fin de tomar medidas transversales que ayuden a superar la actual situación.
Para atender la fragilidad de los regímenes de pensiones y jubilaciones, subrayó, se requiere la colaboración activa y comprometida de las autoridades federales y estatales para que, en coordinación con las universidades y representantes sindicales, se sumen esfuerzos y voluntades para sanear y fortalecer dichos sistemas.
Añadió que a propuesta de la Anuies, la SEP y la Cámara de Diputados se creó hace una década un fondo de apoyo que ha sido evaluado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) con resultados positivos, pero hoy resulta insostenible, pues debe ampliarse la matrícula y mantener o incrementar la calidad de los servicios educativos superiores, a fin de cumplir el compromiso de alcanzar 40 por ciento de cobertura en 2018.
Juan Alfredo Lozano Rovar, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, aseveró que hay dificultades para dar sustentabilidad al sistema porque los recursos son escasos y la población está envejeciendo, por lo que planteó que las políticas públicas prioricen la optimización de recursos, sean transversales y continuamente evaluadas y se piense a largo plazo. (Periódico La Jornada. Martes 8 de diciembre de 2015, p. 35)