¿En verdad, las ciudades judiciales causaron el déficit del poder judicial?
Por: Felipe de Jesús Fernández Basilio
Desde a Janela
Lo interesante de centrarse en un solo acontecimiento, con esta ya llevamos tres semanas tratando sobre el no tan inexplicable pero sí nefasto cierre de 29 juzgados de primera instancia en Veracruz, es que podemos seguir de cerca y con mayor profundidad el asunto.
Y pues resulta que ahora la culpa del cierre de los juzgados la tiene la construcción de ciudades judiciales a lo largo y ancho del territorio del estado, ya que estas fueron demasiado costosas y su pago se encuentra fuera del limitadísimo presupuesto que la autollamada “cuarta transformación” le asigna año con año al poder judicial y como ese pago se tiene que cumplir, pues no quedó más remedio que tomar la decisión de dejar a la población con un acceso mucho más limitado del que había para el acceso a la impartición de justicia en la parte en la que precisamente hay más problemas, la familia.
Si tomamos como punto de partida esa historia, nos daremos cuenta que en apariencia explica las cosas y es que resulta que las ciudades judiciales son un concepto relativamente novedoso tanto en el estado como en el país en general y se empezaron a construir en Veracruz en este siglo, primero de manera lenta en las principales ciudades y recientemente de golpe en casi todos los distritos judiciales de la entidad.
Lo malo del asunto es que toda esa obra pública se contrató y construyó antes de que fueran “transformadas por cuarta ocasión” la vida pública del país y del estado y por ello según la “verdad revelada” en estos tiempos, se hizo con mucha corrupción y enriqueciendo de manera ilícita a muchos funcionarios del pasado en su proceso y ello provocó que ahora las arcas del poder judicial se encuentren vacías.
Por supuesto que esto último no es descartable, ya sabemos cómo se han hecho siempre las obras en México y lo poco que se hace en estos tiempos tampoco es la excepción; lo que sí es una constante es que todo lo que se relaciona a corrupción en los tiempos anteriores a la cuarta transformación no pasa de ser mera rumorología sin que se documente y sobre todo se haga público en que consiste esa corrupción y en este caso tenemos que pasa exactamente lo mismo, ya que no hay un solo informe público en relación tanto a las licitaciones como al desarrollo de la construcción de las ciudades judiciales.
Regresando a la historia y su aparente credibilidad, pues resulta que la mayor parte de las ciudades judiciales se encargaron y construyeron durante la última administración del poder judicial previa al arribo del actual gobierno la cual fue encabezada por Edel Álvarez Peña, quien no goza precisamente de la mejor de las reputaciones y lo cual se constata porque durante su trayectoria lo mismo sirvió a Fidel Herrera que lo hizo magistrado como a Miguel Ángel Yunes Linares quien lo hizo presidente del tribunal y además salió de manera más que airosa del poder judicial con la 4t y casi todos sus ayudantes en el retiro tienen una vida bastante acomodada, la cual desde luego que no cuadra con las percepciones de los cargos públicos que desempeñaron.
Después llega a la presidencia del poder judicial la primera de las designadas por el gobierno actual Sofía Martínez Huerta, quien al resentir los recortes presupuestales decide suspender injustificadamente los pagos de las obras y al parecer eso le crea conflictos, mismos que provocan su caída a través de maniobras ilegales para al final poner de la misma forma a la marioneta que espuriamente está ahora pero que además carece tanto de poder que desde Finanzas le impusieron a una administradora que maneje los recursos en paralelo.
Como se pueden dar cuenta amables lectores, esa historia en apariencia explica el porqué de la crisis financiera que atraviesa el poder judicial veracruzano; pero si la revisamos bien, nos daremos cuenta que deja de tener sentido al centrarse en aspectos menores como lo son el que pudo haber enriquecimientos ilícitos al principio, que si después se incumplieron las obligaciones contractuales o que si ahora se cierran los juzgados para tratar de balancear el déficit que se está generando al contar con presupuestos muy cortos aprobados por los otros poderes y es que es en esto último en donde está el meollo del asunto, ya que se recorta el presupuesto en donde no debe de recortarse y ese es todo el problema.
Para que quede claro este asunto, les comento que las ciudades judiciales y los juzgados extintos no son un capricho, son una necesidad y la obligación fundamental de todo Estado es conocer y satisfacer las necesidades de la población, luego entonces es absolutamente injustificable recortar presupuestos para dejar de atender esas necesidades.
Las ciudades judiciales tal y como están construidas proporcionan un espacio digno y cómodo tanto para usuarios como para trabajadores del poder judicial, ya que son edificios diseñados ex profeso para satisfacer las necesidades de quienes los utilizan y tan es así que basta comparar las condiciones en las que operaban antes los juzgados con las actuales para notar la diferencia; ya que antaño se encontraban en edificios reducidos que muchas veces ni ventilación tenían además de que en ciudades en las que hay más de un juzgado, uno se encontraba en un punto y otro al otro extremo y eso sin hablar de cuestiones básicas como el que las actuales ciudades judiciales cuentan con baños públicos y las más nuevas hasta con salas de espera dotadas de asientos, lo cual antes todo eso era inexistente.
Así que como decía Salinas: No nos hagamos bolas, las ciudades judiciales se tenían que hacer y fue un gran acierto el haberlas mandado a construir y la obligación del gobierno es pagar esas obras que son necesarias y además pagar el funcionamiento de todos y cuantos juzgados sean necesarios para llevar el acceso a la justicia a la mayor cantidad de personas en el estado y por ello es que de ninguna manera se puede justificar cualquier clase de recorte presupuestal que obstaculice cualquiera de esas cosas.
Si hubo o hay corrupción es algo diferente y en su momento se deberán de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades, pero ello no es justificante para reducir un presupuesto que cada año debe de ampliarse, como lo es el que corresponde al poder judicial en un estado cuya población crece y crece y con ella los problemas que esta institución debe de resolver.
En síntesis, el verdadero problema está en la maldita “austeridad republicana”, ya que debido a ella dicen y hacen tantos malabares para justificar la forma en que perjudican a la población.
Twitter: @FelipeFBasilio