El Gobierno de México impugnó ante un Tribunal Colegiado las suspensiones definitivas concedidas contra el padrón de celulares
El Gobierno de México impugnó las suspensiones definitivas emitidas contra el padrón de celulares.
Los recursos de queja se interpusieron ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Hasta el momento el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro ha otorgado más de 20 suspensiones definitivas contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
En una de sus últimas resoluciones el juez Gómez Fierro apuntó que la implementación del padrón de celulares, y la consecuente entrega de datos biométricos de los usuarios, no necesariamente traerá como consecuencia la disminución de la delincuencia.
«Este juez de Distrito advierte que la medida consistente en la entrega de datos personales y biométricos para registrar una línea telefónica móvil en el Panaut, podría no ser necesaria, pues además de que el registro de una línea telefónica móvil para relacionarla con su titular no requiere, de manera forzosa los datos biométricos (como lo exige la norma en cuestión), lo cierto es que podrían existir medidas alternativas que no implicaran la entrega de dichos datos y que tuvieran el mismo grado de efectividad.”
El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que crea el citado padrón con la información de los usuarios, el cual entró en vigor el 17 de abril tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Además, ese listado contendrá el número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo del usuario, su Clave Única de Registro de Población (CURP) y sus datos biométricos, entre otra información del usuario.
En la reforma a la ley, se apuntó también que los concesionarios dejarán sin servicio a quienes no proporcionen sus datos y aquellos con líneas preexistentes tendrán un plazo de dos años para acudir a dar su información y de seis meses para nuevas líneas.
El Gobierno de México ha defendido este padrón de celulares con el argumento de que combate delitos como la extorsión y el secuestro, lo que causó la crítica por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran esta reforma como inconstitucional.
Con información de López-Dóriga Digital