En Veracruz, el promedio de asesinato de mujeres es de 77 cada año: Estela Casados
Por Carlos Hugo Hermida Rosales*
Xalapa, Ver. 14/09/2016.- Estela Casados González, catedrática de la Facultad de Antropología e integrante del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana (UV), afirmó que del año 2000 a la fecha un promedio de 77 mujeres son asesinadas cada año en el estado de Veracruz y los gobernadores de los últimos tres sexenios no han sido capaces de frenar el incremento alarmante de la violencia en contra de este sector social.
La investigadora participó el 7 de septiembre en la mesa “Violencias y violaciones a derechos humanos” del Coloquio “Veracruz: crisis, alternancia y resistencia”, organizado por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) Xalapa.
En la mesa también participaron Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación (CECC); Yadira Santamaría, investigadora del IIH-S, y Julián Verónica Fernández, párroco de la iglesia Santos Reyes de la localidad de Amatlán. La moderación corrió a cargo de Alfredo Zavaleta Betancourt, investigador adscrito al IIH-S.
Casados González declaró que 2016 es el año que más víctimas ha cobrado, ya que al 31 de agosto en la entidad han sido asesinadas 115 mujeres. Muchos de estos crímenes pueden ser catalogados como feminicidios, señaló.
Mencionó que aunque en medio de esta espiral de violencia se han creado instancias para proteger a la mujer a nivel estatal y municipal, las autoridades y sociedad en general subestiman la gravedad del asunto y no ven como una crisis de derechos humanos la grave situación de inseguridad que viven las féminas en Veracruz.
Julián Verónica habló de la violencia que padecen los migrantes que atraviesan nuestro país en su camino a Estados Unidos, aseguró que las condiciones para ellos se han recrudecido y vuelto más violentas y peligrosas.
Comentó que durante 2015, mil 168 migrantes señalaron a organizaciones civiles y gubernamentales haber sido víctimas de delitos en el país, la mayoría de los cuales ocurrieron en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Entre éstos, los principales fueron robo, extorsiones, detenciones arbitrarias, secuestros, incluso mencionaron desapariciones de compañeros de viaje, lo cual muestra que los migrantes dejaron de ser personas y se convirtieron en mercancía para los grupos delictivos; aunado a esto, los estereotipos de género hacen que mujeres jóvenes y niñas sean consideradas como objetos sexuales y caigan en manos de grupos dedicados a la trata de personas.
El párroco destacó que frente a toda esta violencia, grupos conformados por la sociedad civil llevan a cabo acciones loables que, aunque no logran erradicarla, han alcanzado importantes objetivos como el que se deje de criminalizar la ayuda humanitaria, por medio de la cual brindan esperanza a los migrantes.
Por su parte, Celia del Palacio relató la grave situación de inseguridad a la que se enfrenta el gremio periodístico dentro del estado de Veracruz y aseveró que la entidad es la más insegura a nivel nacional para ejercer este oficio.
Manifestó que los periodistas en Veracruz se enfrentan a distintos tipos de violencia: estructural, directa y cultural.
La violencia directa comprende amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, ataques a instalaciones de medios de información, privación de la libertad, homicidios y desapariciones, todas éstas perpetradas en su mayoría por funcionarios de las tres órdenes de gobierno, grupos partidistas y miembros del crimen organizado.
Narró que durante 2015, Veracruz y el Estado de México encabezaron el número de casos de agresiones a periodistas, con 67 hechos registrados, cuatro de los cuales fueron asesinatos.
La violencia estructural incluye precariedad laboral, ausencia de seguridad de un trabajo estable y salarios bajos, lo cual hace que el periodista deba trabajar en otros medios para subsistir. La violencia cultural abarca aspectos como campañas de desprestigio y criminalización de los periodistas.
Todo ello ocurre en un entorno dentro del cual los agresores actúan desde la penumbra, las autoridades atacan en lugar de defender y los órganos de protección dejan de hacer su papel, hechos que se dan en medio de intentos constantes de los gobernantes por colonizar el espacio público de los medios de información a través de prácticas de coerción y corrupción sistemáticas.
Esto ha generado autocensura, desconfianza entre colegas y premios a la labor periodística amañados; no obstante, se han obtenido avances en diversos ámbitos como la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), así como reformas a la legislación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, organizaciones emanadas de la sociedad civil, como Periodistas de a Pie y Freedom House, que a nivel nacional e internacional, respectivamente, abogan por los derechos del periodista y ponen de su parte para crear un mejor entorno laboral para este profesionista que tantos riesgos enfrenta en cada jornada.