Abogados mandan alerta a los sindicatos por decisión de Suprema Corte
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reducirá las pensiones de los trabajadores de la llamada “generación de transición”, que al jubilarse opten por una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que tendrán un tope de 10 salarios mínimos y no de 25 como ocurre actualmente, abrió un debate entre expertos laborales que calificaron como “sin sentido social” la misma y legisladores que señalaron que se busca resolver una “crisis heredada”.
Sin embargo, el IMSS aseguró que la decisión de jurisprudencia 8/2016 de la SCJN no obliga al instituto ni altera el mecanismo de cálculo para el pago de pensiones a los trabajadores, por lo que están garantizados los derechos de todos los pensionados. Aclaró que los 3.1 millones de trabajadores retirados continuarán recibiendo su pensión de manera puntual.
“El IMSS continuará utilizando el tope de 25 salarios mínimos que estableció la reforma a la Ley del Seguro Social de 1997”, indicó en un comunicado y precisó que lo que resolvió la Suprema Corte es que las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben aplicar el tope establecido en la Ley que estuviera vigente al momento de su retiro, que es lo que hoy efectivamente hace el instituto”.
Puntualizó la dependencia que tener el tope de los 10 salarios mínimos aplicó únicamente a quienes se pensionaron entre 1973 y 1997, conforme a lo que establecía la Ley del Seguro Social.
Por su parte, abogados laborales calificaron como sin sentido social, ni progresista y más acorde con las políticas de ahorro y austeridad del gobierno actual la decisión de los ministros. Sin embargo, destacaron que la misma no puede ser de aplicación general para los alrededores de 20 millones de personas que ya cotizaban en el IMSS antes del 1 de julio de 1997, sino sólo para los que ganan más de 10 salarios mínimos, es decir empleados, profesionistas, técnicos y funcionarios de unas 30 empresas que pagan buenos salarios, entre las que se encuentran Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos de México, entre otras.
El abogado del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), Carlos Mendoza, lamentó la decisión de la Corte que dijo tiene “dedicatoria para los trabajadores de estas empresas” con la premisa del actual gobierno en materia de austeridad “de que aquí es mal visto quien gana bien”.
En entrevista con ContraRéplica reconoció que ya no hay recurso legal contra esta decisión, por lo que se tendrá que recurrir a tribunales internacionales o incluso llevar el tema al interior del T-MEC y sus paneles de controversia a través de una denuncia de cómo se castiga en México el pago y la percepción de buenos salarios.
“Por lo pronto las organizaciones sindicales deberán estar atentas para ver la forma en que el IMSS empieza a aplicar esta medida que, obviamente, no es progresista y sólo busca generar ahorros al Gobierno federal”.
Por su parte, el abogado y especialista Manuel Fuentes criticó la decisión de la Corte y coincidió en que no puede ser de aplicación general, por lo que si el instituto determina hacerlo así se metería en un problema. “Es una jurisprudencia que sólo beneficia a quien se está amparando”, subrayó.
“Está decisión de los ministros es contraria al espíritu de las decisiones que deberían tomar con sentido social, progresista, de no afectar a la población, a los trabajadores. Lo que buscan es generar ahorros, en este caso al IMSS”, dijo el especialista quien agregó que se percibe “una coincidencia en la decisión de la Corte con las políticas de austeridad del actual Gobierno”.
Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, defendió la decisión de la Suprema Corte y argumentó que responde a resolver una “crisis heredada” por lo que atenderlo es una tarea prioritaria.
Martha Tagle, diputada federal por Movimiento Ciudadano, cuestionó los alcances de la resolución, pero recordó que fueron los gobiernos de Ernesto Zedillo; Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes generaron está situación de crisis en las pensiones que debe ser resuelto en el actual sexenio.
*Tomado de Contra Republica