Se acepta recurso de INE contra el tope a salarios y recorte a presupuesto

La Suprema Corte de Justicia aceptó a trámite una controversia constitucional promovida por el INE, que impugna la reducción de su presupuesto para 2020 y el tope salarial del Presidente.

Con este nuevo recurso, ya suman cuatro controversias similares; las otras fueron promovidas por el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

De acuerdo con los estados electrónicos de la Corte, el recurso del INE fue presentado el 23 de enero pasado y de inmediato fue turnado a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, quien se negó en días pasados a suspender la aplicación de las normas impugnadas y es previsible que se pronuncie en el mismo sentido.

Si se niega la suspensión del tope salarial establecido en 108 mil 656 pesos para el Presidente, al mes, bajo la premisa de que nadie puede ganar más que él, los altos mandos del INE no tendrán reducción salarial en 2020.

Con base en el artículo 127 de la Constitución, fueron los mismos consejeros quienes se fijaron salarios superiores al salario presidencial, igual que para el secretario Ejecutivo, directores ejecutivos y titulares de unidad del Instituto.

Por otra parte, Ciro Murayama, consejero electoral del INE, llamó a legisladores de los partidos políticos de oposición a no permitir que el gobierno federal y su partido intenten “cercenar ni amputar” al INE ni a otras instituciones, con iniciativas de reformas que buscan aprobar a partir de febrero.

“No será cercenando instituciones como se fortalecerá la democracia; si hay defectos, hay que corregir, no amputar”, dijo y aclaró que “no se trata de complicarle la vida a quien hoy gobierna, se trata de garantizarle a las minorías y a las oposiciones los mismos derechos y libertades que tuvieron ellos cuando eran oposición”.

Al participar como invitado en la Reunión Plenaria de los diputados y senadores del PRD, criticó la iniciativa de legisladores de la 4T de buscar reducir en un 50 por ciento el financiamiento público de los partidos.

*Tomado del Financiero