Abogados exhiben a Daniela Griego, directora del IPE

COMUNICADO.

Nos referimos al lamentable comunicado de prensa número 14 suscrito por la C. Directora General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, en el que hace alusiones a quienes laboramos en este corporativo jurídico, a propósito de lo ocurrido en los últimos días, en torno tanto de la carpeta de investigación iniciada con motivo de la denuncia que presentaron jubilados y pensionados hace tres años, como en relación con el emplazamiento a huelga que sostiene uno de los sindicatos que concurren en esa institución.

1.- Utiliza la directora del IPE los mismos argumentos que, en su momento, usó el régimen yunista para evadir sus responsabilidades: culpar al “de atrás”; así, dice Daniela Griego, en el punto número uno de su comunicado, que “esa denuncia” tiene más de 3 años; que fue interpuesta ante la FGE estando en funciones el entonces Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras “quién no avanzó en la investigación”; que, después, la Fiscalía encabezada “por el yunista Jorge Winckler Ortiz” tampoco avanzó en la determinación del caso.

2.- Pierde de vista la C. Griego Ceballos que el fiscal “yunista” fue defenestrado de su encargo el tres de septiembre pasado. Por ende, si -como dice- mediante un oficio recibido en el IPE “un día hábil antes de que se venciera el tiempo dictado por el Juez de Control”, la FGE le solicitó al Instituto información “sin que señalara plazo para remitirla”, entendemos, pues, que tales yerros son atribuibles a la fiscal “morenista”. Nos llama la atención que, por un lado, admite que no ha remitido la información que la Fiscalía considera necesaria para integrar la carpeta de investigación, pero también se excusa aseverando que no le señalaron “un plazo” para hacerlo. Por ende, podemos concluir que la falta de integración de la carpeta de investigación sobre el saqueo del IPE -según se desprende de lo que dice Griego- a más de las inconsistencias de la actual Fiscalía, se encuentra al arbitrio de la propia directora del IPE.

3.- En el punto número tres, la C. Griego Ceballos afirma que los suscritos “jugamos” un “doble papel”, porque -dice- por un lado “se muestran como defensores de los intereses de los pensionados” y por otra parte, pretendemos “afectar el patrimonio del Instituto ya que lo tienen emplazado a huelga, debido a que también fungen como abogados del Sindicato Unificador del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (SUIPEV)…”.

Es vergonzoso que diga que pretendemos “afectar” el “patrimonio” del IPE “debido a que también fungen como abogados del Sindicato Unificador del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (SUIPEV)”.

La estrategia de criminalizar el ejercicio de los abogados no es nueva: la ensayó el régimen duartista, con nosotros, justamente. Pero, con independencia de su falta de originalidad, respondemos: sí, efectivamente, asesoramos a uno de los sindicatos de trabajadores del IPE; sí, somos abogados de muchas más organizaciones sindicales. Y no, no lo consideramos un crimen.

Ahora bien, si gusta la directora del IPE de buscar “dobles papeles”, tendríamos que sugerirle que empiece por aclarar el doble papel que juegan quienes “se muestran como defensores de los intereses de los pensionados”, y por otro lado “pretenden afectar el patrimonio del Instituto” al cubrir con un manto de impunidad a quienes lo saquearon. Debiese explicar el “doble papel” de quienes, por un lado, ofrecen disculpas públicas a las víctimas de excesos del Estado y, por otro lado, disponen el archivo de las denuncias. Debería Daniela Griego, también, explicar su doble papel: por un lado, se muestra como “defensora” de los intereses de los pensionados, y por otro se abstiene de denunciar a quienes -asegura- no le dejaron información en el “archivo histórico” del IPE.

Sugerir que cuando un grupo de trabajadores pretende la firma de Condiciones Generales de Trabajo intenta “afectar” el patrimonio de la parte patronal, es usar el mismo argumento que utilizaron los patrones en el porfiriato. Usar adjetivos calificativos para referirse a una organización sindical es discriminar y violentar Derechos Fundamentales (cuando guste, públicamente, frente a frente, le explicamos porqué).

Se decidió, pues, usar el aparato del Estado no solamente para ensayar la pelea desigual que implica que, desde el Gobierno, se confronte y denueste a particulares, sino también para ocultar información: Daniela Griego no dice en su boletín que sus intentos por desarticular en los tribunales los intentos de trabajadores de obtener la firma de Condiciones Generales de Trabajo, han fallado. Hoy mismo, el Poder Judicial Federal (Amparo Indirecto 977/2019-III-B, del Juzgado Décimo Quinto de Distrito), le dijo que no puede concederle la suspensión provisional en contra del emplazamiento a huelga al que alude. La invitamos a que transparente toda esa información. Si no lo hace, lo haremos nosotros. Que explique también cómo y porqué se estaría “pretendiendo” afectar el patrimonio del IPE.

4.- En los puntos restantes del comunicado se asevera que “…el IPE no forma parte de esa denuncia en la carpeta de investigación a la que se hace referencia”. Tendría que precisar la directora del IPE qué entiende por ser “parte”: denunciados fueron los miembros del Consejo Directivo del IPE, y perjudicado resultó el patrimonio de ese Instituto.

Insiste, también, que “A la COPIPEV se le ha recibido en audiencia en distintas ocasiones, se le ha proporcionado la información requerida, sin embargo, para la denuncia en mención, a la actual administración no le solicitaron nada”; a reserva de que sean los propios jubilados y pensionados los que externen qué opinan de esta afirmación, podemos decir, como ciudadanos: ninguna nota laudatoria merecen servidores públicos que reciben “en distintas ocasiones” a organizaciones sociales, y les proporcionan información. Más adelante, dice que “En la actual Administración del IPE se han atendido a sindicatos, a asociaciones de jubilados y pensionados, titulares de los entes incorporados, manteniendo una postura de diálogo y apego a los derechos de los trabajadores y pensionados que forman parte del Instituto…”

Quizás se ignora que ello forma parte de un deber elemental. Cabría recordarle a Daniela Griego que Miguel Ángel Yunes también pretendía que se le aplaudiera por pagar las pensiones a tiempo y no violar Derechos Humanos.

Es cierto: “…el archivo temporal de la investigación por parte de la Fiscalía no significa que no se vaya a llevar a cabo el ejercicio de la acción penal en el supuesto que haya mayores elementos para ejercerla”; sin embargo, como anticipamos ayer: veremos qué opina el Poder Judicial sobre las decisiones de la FGE.

No creemos que la actuación de quien encabeza el IPE esté “en consonancia” con el compromiso del Gobernador “de gobernar con pluralidad y respeto hacia la ciudadanía veracruzana”, como lo pregona.

Si tales son las formas en que el gobierno de Veracruz expresa “su respeto” y “su pluralidad”, encubriendo a saqueadores, denostando a abogados, criminalizando a sindicatos, archivando denuncias, ocultando información, creemos que no se transita en “consonancia” con lo que predica el Presidente de México.

LIC. LUIS ALBERTO VIADES BLANCO.
LIC. JUAN JOSÉ LLANES GIL DEL ÁNGEL.