INE busca salvaguardar la democracia en Baja California
Por: Karen Rodríguez
Xalapa, Ver., a 24 de octubre.- El Instituto Nacional Electoral, presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una acción declarativa, que se integró en expediente de Juicio Electoral, para que se determine con claridad el periodo de dos años de la nueva gubernatura de Baja California. Esto conforme a la convocatoria original del proceso electoral y las sentencias consecutivas emitidas por el propio Tribunal.
Se trata de un primer recurso legal interpuesto por el INE en defensa de la certeza del proceso electoral celebrado en aquella entidad, en el que resultó ganador el hoy gobernador electo Jaime Bonilla, para el periodo que corre del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.
A través del Secretario Ejecutivo Edmundo Jacobo, el cual presentó esta acción declarativa para efecto de que la Sala Superior disipe la incertidumbre jurídica derivada de la aprobación de la reforma a la Constitución del estado de Baja California, la cual pretende ampliar el mandato hasta 2024 y fue hecha con posterioridad a las elecciones del 2 de junio y publicada después de la declaración de validez de las elecciones y la entrega de la constancia de mayoría, en la que claramente se señaló el periodo de mandato, por dos años.
Por otro lado, se recordó que la Sala Superior del TEPJF determinó en el expediente SUP-JRC-22/2019 que se debía dejar intocado el transitorio 8 del decreto 112, el cual modificó la Constitución Política de Baja California.
Asimismo, mediante el Decreto 351, por el que se reforma el artículo octavo transitorio del citado decreto 112 de la Constitución Política de Baja California –aprobado en julio y publicado hasta el pasado 17 de octubre–, se estableció que la gubernatura electa en el proceso electoral de 2019 iniciará funciones el 1 de noviembre de 2019 y concluirá el 31 de octubre de 2024.
Se puntualizó que el Decreto 351 fue emitido con posterioridad a la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría respectiva, que fueron el resultado legítimo de la voluntad ciudadana, que no puede ser alterada.
Es por eso que el INE establece que es necesaria la intervención de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia, porque se han puesto en entredicho los alcances de la participación política de la ciudadanía, produciéndose un entorno de incertidumbre incompatible con el carácter democrático y republicano de los gobiernos electos popularmente.