La inseguridad abarca una pluralidad de violencias: Especialista

 

• En consecuencia, la prevención del delito es esencial.
• No se han logrado las metas de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la región Golfo, agregó.

 

Por David Sandoval Rodríguez*

 

En las propuestas de los distintos aspirantes a la gubernatura en Veracruz, el problema de la inseguridad es abordado de una manera muy tradicional, distante de los enfoques generados desde la academia que la consideran como un problema en el que existe una “pluralidad de violencias”, manifestó Alfredo Zavaleta Betancourt, adscrito al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales (IIH-S) de la Universidad Veracruzana (UV).

“El discurso de los candidatos a la gubernatura habla de la inseguridad de forma muy tradicional, reduciendo el problema a un asunto policiaco, como si no se hubiese reconocido desde hace mucho tiempo que el problema de la violencia es algo más que un tema de policías y delincuentes”, aseveró.

Existe en el país una “pluralidad de violencias”; particularmente en la región de estudio del proyecto interinstitucional “Márgenes estatales, seguridad regional y reforma de la justicia penal en México”, que comprende a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Chiapas, se considera necesario observar los diferentes tipos de victimización que producen estos procesos de violencia social, en específico los generados por la delincuencia organizada.

“Es importante pensar la seguridad de los ciudadanos no sólo mediante la adquisición de mayor equipamiento, el incremento de la capacitación o en el número de efectivos de las fuerzas de seguridad, por supuesto que es necesario, pero es esencial generar un modelo que garantice, más que la disuasión o el control, colocar en el centro la prevención del delito”, expuso el investigador.

Enfocarse en la prevención permite establecer soluciones de largo plazo, agregó, “implica atender a los múltiples factores de la violencia, reconocer que las instituciones de seguridad enfrentan problemas para reformarse, y particularmente las reformas de la justicia penal no han ido muy lejos, tanto como lo generó la expectativa del decreto de 2008”.

Zavaleta Betancourt se refirió al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución en materia de seguridad pública y justicia penal, mediante el cual se establecen las bases del nuevo sistema de justicia penal en la República Mexicana.

Sin embargo, observó que “la reforma al sistema de justicia penal en nuestro país es tardía, se acuerda y decreta muchos años después de lo acontecido en América Latina, particularmente en Chile, Argentina y Colombia; es parte de un proceso de globalización de las reformas de la justicia penal en la región”.

Reconoció que en México muchos lo vemos como una forma de resolver el problema de la impunidad, “precisamente porque consideramos que la impunidad es supra-determinante de la pluralidad de violencias que experimentamos en los últimos años”.

Por tal motivo, precisó que deben redoblarse los esfuerzos de implementación de la reforma, mejorar la capacitación de los policías para actividades de investigación de manera coadyuvante con los ministerios públicos; se debe mejorar la labor interinstitucional entre las policías preventivas y ministeriales, con los servicios periciales en particular, y se deben mejorar los mecanismos de mediación y justicia alternativa, “obviamente la calidad de los juicios orales que ya se han comenzado a implementar en la región pero que distan mucho de lo que esperamos que sean”.

A unos meses de que entre en vigor el nuevo sistema de justicia penal, los logros de los gobiernos estatales de la región de estudio no han logrado las metas que se propusieron para contar con un sistema penal eficaz, que reduzca el abuso de la prisión preventiva, por ejemplo.

“Se espera que este nuevo sistema no se convierta en un pretexto para el encierro de personas pertenecientes a ciertos grupos de la población, o bien que no avance suficientemente con respecto a los mecanismos de mediación y de justicia alternativa que establece, tal como deberíamos estarlo haciendo en estos momentos”, concluyó.

 

Alfredo Zavaleta Betancourt, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV

*Colaboración.