Solicitud de juicio político contra el fiscal general del estado de Veracruz, Winckler Ortiz

Solicitud de juicio político contra Winckler Ortiz es por no respetar acuerdo reparatorio. Fue chantajeado Arturo Bermúdez con procesar a sus familiares si no cedía a estas pretensiones: abogados.

Por Irineo Pérez Melo*

Boca del Río, Ver.- La solicitud de juicio político en contra del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz fue derivado del abuso de la figura procesal, establecida en el nuevo sistema penal adversarial, se le hizo creer al extitular de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Arturo Bermúdez Zurita de que habría un acuerdo reparatorio, que al final de cuentas no se dio.

Lo anterior fue informado por Rodolfo de la Guardia García, abogado del exfuncionario estatal, dio a conocer que además de lo anterior, hay hechos que pueden constituir delitos de tipo penal que podría tipificarlos el Congreso del Estado, como es el caso de la extorción, el fraude procesal, la tortura psicológica y física y otros tipos penales que están establecidas en la ley.

En conferencia de prensa ofrecida en conocido hotel de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, en donde el cuerpo de abogados de Bermúdez Zurita corrió un audio que fue filtrado desde el penal donde se encuentra recluido y en donde da cuenta de todo lo que ha venido enfrentando desde el 13 de febrero de 2017 cuando que fue detenido y recluido en el penal de Pacho Viejo.

En él detalla, durante más de media hora, de manera sistemática todo las acciones que se realizaron en su contra, en donde prevaleció la tortura física y psicológica, acusando de manera directa al ahora exgoberandor Miguel Ángel Yunes Linares, al Fiscal General del Estado y otros funcionarios allegados a él.

Referente al chantaje de que fue objeto para donar varios bienes inmuebles, dijo que todos estos acuerdos reparatorios fueron previos al proceso electoral del pasado 1 de julio y el principio era una línea directa del cual el inculpado no cedía a todas esas pretensiones que se estaban generando desde la FGE, iba a llenarse no de los tres procesos que se le siguen al día de hoy, sino de 20 procesos más por la amenaza que pendía sobre su cabeza.

“El acuerdo reparatorio no generaba ninguna actividad y ninguna causa de responsabilidad penal, además, Benítez Zurita temía por la vida de sus hijos, de su cónyuge y de su señora madre de 80 años y sus hermanos, quienes tienen al día de hoy una carpeta de investigación integrándose contra la salud y otros de naturaleza grave”, añadió.

Acompañado de los demás integrantes del cuerpo de abogados: Rodolfo Reos Mdedina y Rafael Sánchez Cano, indico que la amenaza era suficiente como para ceder y entregar esos bienes, e indicó que esto se presenta hasta ahora porque el acuerdo reparatorio lo que hace es generar un acuerdo entre dos partes, la supuesta víctima del delito, en este caso el gobierno del estado de Veracruz y Arturo Bermúdez Zurita, que era el vinculado al proceso.

“Cuando el gobierno del estado, quien fue quien ofertó ese acuerdo y se va, es evidente que caemos en la lógica que no existiría ese acuerdo reparatorio, y él señala que sus representantes legales en los últimos meses acudieron al gobierno y tuvieron reuniones con personal de la FGE, quienes mantuvieron el engaño diciendo que los acuerdos reparatorios estaban en trámites y que se iban a justificar ante los Jueces de Control y hasta el último día del gobierno de MAYL, existía la posibilidad jurídica en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales de hacer valer dichos acuerdos”, abundó.

De otra suerte, dijo, denunciar lo que nosotros veníamos pensando que pudiera generarse, porque con el paso del tiempo, hubiera establecido un rompimiento en términos de lo que marca la ley.

Por otro lado, dio a conocer que tres bienes inmuebles el gobierno del estado los otorgó en donación a subsecretarios y al director general de Patrimonio del Estado, bienes inmuebles ubicados en la ciudad de Xalapa y puerto de Veracruz, para lo cual pidió remitirse a la página web: http//juiciopoliticoenveracruz.com, en donde podrán conocer las identidades de los funcionarios y las características de los predios en cuestión.

Finalmente, confiaron en que los diputados locales, una vez que conozcan la solicitud del exfuncionario estatal, inicien el procedimiento de juicio político en contra del Fiscal General del Estado, además de que se reservan el derecho de proceder en contra del ahora exgoberandor Miguel Ángel Yunes Linares y otros funcionarios, como es el caso del extitular de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, entre otros.